Hacienda presentó un déficit para el conjunto de las administraciones públicas del 2,1% en 2026, del 1,8% en 2027 y del 1,6% en 2028. Por su parte, el déficit propuesto para la Administración Central era del 1,8% en 2026, para bajar al 1,5% en 2027 y al 1,4% en 2028. En lo que respecta a las comunidades autónomas, el objetivo de déficit presentado por Hacienda era el 0,1% en cada uno de los años del periodo 2026-2028, en tanto que para las entidades locales se exigía estabilidad presupuestaria. El objetivo de déficit para la Seguridad Social era del 0,2% en 2026 y la misma para 2027, y del 0,1% en 2028.
El límite de gasto no financiero, también conocido como ‘techo de gasto’, estaba fijado en 212.026 millones de euros, y en 216.177 millones de euros si se tienen en cuenta los fondos europeos, que será el último año que se puede contar con ellos. En cualquier caso, se trata de un incremento del 8,5% respecto al actual.
Asimismo, se transferirán 22.881 millones de euros para la Seguridad Social, en línea con la recomendación del Pacto de Toledo. Tras el rechazo de este jueves, el Gobierno tendrá que volver a presentar la senda en el plazo de un mes.
Para la vice Montero, el rechazo del Congreso a la senda de estabilidad 2026-2028 -el primer paso para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2026- «no va a impedir en ningún momento» que el Gobierno formule las cuentas públicas del próximo año, al tiempo que ha advertido de que serán los gobiernos autonómicos los perjudicados de esa negativa, ya que no podrán contar con un mayor margen de gasto. «Tendrá que explicar el Partido Popular por qué permanentemente reclaman recursos para los territorios y, cuando llega la hora de la verdad, votan en contra de dar mayor capacidad de gasto para los territorios», ha señalado la vicepresidenta primera en el debate sobre la senda en el Congreso de los Diputados.
Montero ha pedido a los grupos que «abandonen los discursos electoralistas o partidistas» y ha instado a los diputados a que no vayan al dictado «de lo que se plantee por Génova o por otras sedes centrales» y piensen en los ciudadanos de los territorios donde gobiernan.
Tras este percance político ,el Gobierno llevará de nuevo a votación ante la Cámara Baja en un plazo de un mes una nueva senda. Pero de volver a rechazarse una segunda vez, entrará en vigor la plasmada en el plan fiscal estructural a medio plazo remitida el año pasado a Bruselas, que deja menos margen de gasto a las comunidades autónomas. En concreto, los objetivos del plan fiscal estructural sitúan la senda para las comunidades autónomas en la estabilidad presupuestaria (0% de déficit frente al 0,1% que propone Hacienda), lo que les resta margen de gasto a las regiones.
Esto supone que las comunidades autónomas tendrán que hacer un ajuste fiscal de 1.755 millones de euros en 2026 y, si se tiene en cuenta todo el periodo, se van a perder 5.485 millones en capacidad de gasto para el subsector comunidades autónomas.
Por eso, Montero espera que durante el debate algunas de las posiciones en contra que han expresado públicamente los grupos parlamentarios se puedan reconducir para dotar de mayores recursos a las comunidades autónomas que desarrollan los servicios dirigidos a la ciudadanía en materia de sanidad, educación, dependencia o, por ejemplo, vivienda. «Esta estrategia de confrontación por sistema que vivimos en demasiadas ocasiones en esta Cámara, que no tiene en cuenta el fondo del debate, creo que no aporta soluciones reales a la ciudadanía», ha lamentado la ministra.
