«No podemos recurrir la ley, pero sí los actos derivados de la ley, como el modelo de liquidación», ha explicado la presidenta de la organización, Alejandra Kindelán, durante su intervención con motivo de la asamblea general de la patronal.
La presidenta ha lamentado que el sector ha tenido que abonar más de 2.000 millones en los tres años que ha estado vigente la tasa extraordinaria, una «carga» que retrae la capacidad para conceder préstamos, especialmente, en un momento como el actual, con grandes necesidades de financiación a nivel europeo.
«La banca va a ser responsable con la financiación en defensa», ha remarcado para incidir en que este compromiso debería ser «una prioridad». Tanto AEB como CECA recurrieron ante la Audiencia Nacional (AN) la orden ministerial publicada por el Ministerio de Hacienda. Es la única vía de la que disponen, dado que el recurso solamente es posible por parte de las entidades afectadas.
El nuevo impuesto gravará también los ingresos obtenidos vía intereses y comisiones de manera progresiva. En concreto, será del 1% hasta los 750 millones, a partir de esta franja y hasta los 1.500 millones se eleva al 3,5%, pasando al 4,8% hasta los 3.000 millones. Desde este umbral y hasta los 5.000 millones pega un salto del 6%, para incrementarse al 7% desde los 5.000 millones. No obstante, se incluye una deducción «extraordinaria» cuando los bancos reduzcan su rentabilidad por activos por debajo del 0,7%.
De forma paralela, Kindelán ha asegurado que «no es el momento de endurecer» los requisitos de capital para el sector. «No es el momento de endurecer los requerimientos de capital, sino de centrarnos en la fortaleza y liquidez del sistema para apoyar la economía real», ha puntualizado. La patronal defiende que el sector dispone de un volumen de capital elevado para hacer frente a incertidumbres o pérdidas «inesperadas».