El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid cita a Begoña Gómez el próximo 11 de septiembre a las 10.30h en el juzgado y un día antes, a las 11h, a Cristina Álvarez.
Para adoptar su decisión, el magistrado se apoya en un auto de la Audiencia Provincial del pasado 12 de junio que respaldó investigar un posible delito de malversación de fondos públicos relacionado con las actividades reales de Álvarez, destinada en La Moncloa desde 2018. El auto del juez instructor reproduce los párrafos de la Audiencia de Madrid que le llevan a acordar las dos citaciones.
«Respecto de la investigada Cristina Álvarez», indicaba el tribunal, «¿qué indicios de responsabilidad se le pueden imputar? La investigación tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados.
Añadía la Sección 23 de la Audiencia que «otro dato más a considerar» en este caso era «la amistad personal previa» entre Gómez y Álvarez, «siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con ese nombramiento, lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados, y lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia Del Gobierno».Peinado indica que, «como consecuencia de lo anterior, procede continuar con la investigación oportuna» y, por tanto, citar a ambas «en calidad de investigadas, por el supuesto delito de malversación de caudales o efectos públicos».
La investigación sobre la contratación de la asesora se lleva en una pieza separada de la causa abierta por Peinado en torno a la actuación de Begoña Gómez en relación con su cátedra en la Universidad Complutense. En esa pieza principal Gómez está imputada por posible corrupción en los negocios por su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, al que ella habría favorecido tras haber recibido de él ayuda para poner en marcha su cátedra. La asesora también está imputada por su posible colaboración en esas actividades.
En la pieza separada sobre la malversación el juez Peinado propuso al Tribunal Supremo que investigase al ministro de Presidencia y Justicia, Bolaños, como responsable de la contratación de la asesora. El Alto Tribunal se negó ante la «absoluta ausencia» de indicios de delito.
