Las dos organizaciones han señalado que estas acciones inciden en el rechazo que ya expresó el sector el pasado mes de noviembre, cuando esta nueva figura se incorporó al sistema tributario para dar continuidad al gravamen extraordinario sobre la banca creado en 2022.
Así, y tras la publicación de la Orden, insisten en su rechazo al impuesto por «sus graves efectos para la financiación de familias y empresas, su impacto negativo para la inversión y, en general, su perjuicio al conjunto de la economía». AEB y CECA recalcan, además, que la banca española es la única gravada por un impuesto de este tipo en Europa, lo que supone una merma competitiva respecto al resto de entidades bancarias europeas.
Asimismo, han recordado que, al igual que sucedió con el gravamen extraordinario, el Banco Central Europeo (BCE) se pronunció en diciembre de 2024 en contra de este nuevo impuesto y advirtió de sus efectos adversos, entre otros motivos, por «limitar la capacidad de las entidades de conceder crédito y contribuir potencialmente a unas condiciones menos favorables para los clientes de los préstamos y otros servicios», además de poder producir «consecuencias imprevistas para la solvencia y la competitividad de las entidades de crédito».
«La crítica del BCE ha sido respaldada recientemente por el Banco de España en su Informe de Estabilidad Financiera de Primavera, no sólo por sus efectos negativos sobre el crédito y la capacidad de hacer frente a perturbaciones, sino también porque ‘puede dar lugar a la fragmentación del sistema financiero europeo’. También el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un reciente informe, publicado en abril, solicita al Gobierno de España ‘discontinuar’ este nuevo impuesto», han concluido las asociaciones.
