Un crédito a interés cero y a fondo perdido que viene reflejado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, que actualmente están prorrogados. Así lo ha anunciado este martes el secretario de Estado de Seguridad Social, Suárez, durante la rueda de prensa de presentación de los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social. Cifras de empleo que recogen la creación de 142.000 puestos de trabajo el pasado octubre gracias, fundamentalmente, al tirón de la educación.
Interrogado sobre el crédito, Suárez ha trasladado que su concesión se aprobó en el Consejo de Ministros del 21 de octubre y que el importe será el mismo que viene recogido en las cuentas prorrogadas. Es decir, exactamente 10.003 millones de euros. Una cifra prácticamente equivalente a la nómina mensual del sistema de pensiones contributivas. El ‘número dos’ de Saiz ha defendido que la concesión de este préstamo, que irá a engrosar la deuda de la Seguridad Social, es «perfectamente coherente con una mejora en la situación financiera» del organismo. «El hecho de que necesitemos un préstamo no significa que las cosas vayan peor. Más bien todo lo contrario», ha expresado Suárez, quien ha añadido que el déficit del sistema se ha reducido de 1,5 puntos de PIB en 2023 a media décima el año pasado.
Suárez ha destacado que el fondo de reserva de las pensiones (conocido popularmente como la ‘hucha’ de las pensiones) cerrará el año con más de 14.000 millones de ingresos. De igual modo, ha reivindicado que los ingresos por cotizaciones crecen a un ritmo del 6,8% interanual, con una recaudación que supera en 8.400 millones la del año pasado a estas alturas. Lo cierto es que la Seguridad Social acumula una deuda de 126.178 millones de euros (un 7,7% del PIB) que tiene contraída prácticamente en su totalidad con el Estado por los préstamos que la administración central le concede para afrontar sus gastos. Desde 2022, el pasivo de este subsector ha aumentado un 19% desde 2022 (20.000 millones más), aunque a efectos de las reglas fiscales —que miden las magnitudes macroeconómicas en comparación con el PIB— ha permanecido estable.
Los préstamos que recibe la Seguridad Social, sumados a las transferencias que le ingresa el Estado para financiar ciertas prestaciones, ponen de manifiesto la incapacidad del organismo para hacer frente a los crecientes gastos reflejados en sus cuentas. Una parte de esos desembolsos, como el ingreso mínimo vital o los complementos a mínimos, no son contributivos por lo que es lógico que se financien con otros recursos. Sin embargo, una parte muy sustancial de ese déficit sí es contributivo. La consecuencia de esto es que una parte cada vez más grande de ese déficit entre ingresos por cotizaciones y gastos en prestaciones contributivas (que por definición deberían sufragarse con cotizaciones), se financia con fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, con ingresos procedentes fundamentalmente de lo que se recauda por impuestos. Una realidad que el Gobierno asume y no ve con malos ojos, pero que suscita debate en la academia sobre si es el destino óptimo para los recursos fiscales.
