Las dos asociaciones, que representan tanto a los bancos tradicionales como a los grupos bancarios creados por las antiguas cajas, recurren directamente la orden ministerial por la que se aprueban los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen a la banca. Con esta tasa el Gobierno pretende recaudar 3.000 millones en dos ejercicios para financiar en parte las medidas sociales aprobadas para hacer frente a la subida de los tipos y la inflación. Las patronales bancarias renuncian a pedir la suspensión cautelar del impuesto y recurren a la vía judicial que se considera más rápida, si bien pueden pasar aún un par de meses hasta que se formalice una demanda.
Con el recurso interpuesto, el asunto llegará a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que dará traslado del recurso a la parte demandada, en este caso el Ministerio de Hacienda, para que valore el expediente antes de que el tribunal escuche los argumentos de las dos partes, explican fuentes jurídicas. De esa forma, pasarían aproximadamente unos dos meses hasta que se formalice la demanda. En cualquier caso, lo que está claro es que la banca ha decidido recurrir la orden ministerial y hay varios puntos en los que pondrá el foco, entre ellos que el nuevo tributo grava los ingresos -el margen de intereses más comisiones- en lugar de los beneficios, que el Gobierno considera extraordinarios por el alza de los tipos.
Además, el sector siempre ha manejado otros argumentos como que el impuesto atenta contra la competencia, ya que no afecta a todas las entidades, sino a aquellas cuyos intereses y comisiones sumaban al menos 800 millones.
Compatible con otros recursos
Con independencia del recurso a la orden ministerial presentada por las patronales ante la Audiencia Nacional, los bancos tendrán que hacer frente al primer pago del impuesto antes del 20 de febrero y podrán impugnar, a título individual, esa autoliquidación ante la Agencia Tributaria, que tendrá hasta seis meses para responder. En caso de que no lo hicieran, la reclamación iría directamente a los tribunales.
La gran banca española -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- pagará más de 1.100 millones de euros este año por el nuevo impuesto, que grava con un 4,8% el margen de intereses y las comisiones netas del negocio bancario en España. CaixaBank asumirá la mayor factura de la banca en el pago de este impuesto, unos 400 millones este año. A continuación están el Banco Santander y el BBVA con una cuantía muy similar, unos 225 millones.
En el caso del Sabadell, el gravamen extraordinario hará que el banco pague unos 170 millones este año, por encima de la horquilla de entre 80 y 100 millones que estima Bankinter. Unicaja Banco no ha afinado las cifras, pero teniendo en cuenta los datos presentados, el pago no superaría los 85 millones. Es más, atendiendo únicamente al negocio bancario ese dato podría ser inferior.