Así se desprende del estudio ‘Necesidades de inversión en conservación 2025’, realizado por la Asociación Española de la Carretera (AEC) y presentado por Juan Francisco Lazcano, Jacobo Díaz Pineda y Enrique Miralles, presidente, director general y director técnico de esa entidad, respectivamente.
Tras 40 años auditando el mantenimiento vial con inspección visual, con estudios desde 1985, la AEC llevó a cabo por primera vez en el verano de 2024 una evaluación digital con captación dinámica de imágenes y procesado con inteligencia artificial, que ha permitido detectar deterioros con una muy alta resolución en una muestra de unos 4.000 kilómetros distribuidos por toda España.
El anterior chequeo de la AEC, correspondiente a 2022, halló alrededor de 13.000 kilómetros de carreteras con deterioros muy graves en más del 50% de la superficie del pavimento. El nivel de deterioro se ha incrementado desde entonces porque ahora hay 33.966 kilómetros con deterioros muy graves (un 251% más) que precisan una reconstrucción urgente en un plazo inferior a un año, ya que registran alteraciones muy serias, tanto estructurales (baches y piel de cocodrilo) como superficiales (grietas longitudinales y transversales, y descarnaduras).
Asimismo, la AEC ha contabilizado otros 20.407 kilómetros más en los que es necesario actuar como mucho en cuatro años por presentar daños graves.
Por tanto, la investigación indica que sería necesario intervenir a lo sumo en cuatro años en 54.373 kilómetros de los cerca de 101.700 que hay tanto en la Red Estatal de Carreteras (unos 26.400) como en las comunidades autonómicas y las diputaciones forales (unos 75.300), lo que supone el 52% del total. La AEC asegura que los firmes se encuentran en la peor situación desde que se llevó a cabo el último gran Plan General de Carreteras (1984-1991).
Aragón es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de deterioros graves o muy graves en sus firmes que necesitan reparación (el 68% del total de carreteras), por delante de Castilla-La Mancha y Galicia (el 59% en ambos casos). En el otro extremo de la tabla se sitúan la Comunidad Valenciana (32%), la Comunidad de Madrid (38%) y Extremadura (40%).
Por otro lado, el estudio señala que el coste de reparación de las carreteras con deterioros graves o muy graves asciende al récord histórico de 13.491 millones de euros (4.721 millones para las carreteras estatales, un 53% más que en 2022, y 8.770 para las autonómicas y forales, un 37,6% más), cantidad calculada considerando la subida de los precios de las materias primas, energía y personal.
Ello supone 4.038 millones más respecto al déficit de 9.453 millones detectado en 2022 (un 43% más) para abordar las carencias del pavimento en las mallas gestionadas por las administraciones central, autonómicas y forales. De ese incremento, un 20% corresponde a la subida del IPC en el último trienio y el 23% restante, al propio empeoramiento de las infraestructuras.
Con esos datos, el estudio indica que las carreteras estatales, autonómicas y forales se han deteriorado a un ritmo de un 8% anual en los últimos tres años.
Por otra parte, Lazcano indicó que un pavimento deteriorado afecta a la “comodidad” de los conductores y añadió que “puede tener un reflejo en la seguridad vial”. Díaz Pineda añadió que, en esos casos, el conductor tiene una “menor capacidad de reacción” y se reduce la capacidad de adoptar decisiones adecuadas al volante. Además, Lazcano subrayó que el deterioro de la red viaria tiene “consecuencias”, como “la paralización del proceso de transformación de las carreteras en infraestructuras verdes, seguras y conectadas”. También apuntó que pueden verse amenazadas algunas metas como la descarbonización del transporte y la reducción a la mitad del número de fallecidos por siniestros de tráfico en 2030, así como la mejora de la resiliencia de las infraestructuras frente al cambio climático, la repoblación de la España vacía o la introducción de movilidades automatizadas al ritmo exigido por los compromisos europeos.
Igualmente, la mala conservación de la red viaria afecta al bolsillo de los conductores porque circular por una carretera en mal estado incrementa hasta un 12% el consumo de combustible. Así, el deterioro de las carreteras puede traducirse en un sobrecoste superior a los 270 millones de euros en combustible durante julio y agosto de este año, considerando los más de 100 millones de desplazamientos largos que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé para esos meses.
Otra consecuencia es que un pavimento deteriorado obliga a reducir la velocidad de circulación una media del 10%, lo que, en el caso de los camiones, supone un 12,5% más de tiempo para realizar el mismo recorrido, un 25% más en el caso de los autobuses y un 20% más los vehículos ligeros.
