Estas son las claves de una semana que el líder del PP y candidato a la investidura, Núñez Feijóo, inicia con una reunión de sus barones, un encuentro en el que se analizará la estrategia para la sesión de los días 26 y 27 en el Congreso, pero también la respuesta de la formación ante el tema que copa todo el protagonismo: la amnistía para los encausados por el «procés».
Reconocer el independentismo como opción legítima, una amnistía que frene la judicialización y el establecimiento de un mecanismo de verificación y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos son las tres condiciones previas que puso el expresidente de la Generalitat Carles Puidgemont al PSOE para negociar la investidura de Pedro Sánchez si es que fracasa, como todo apunta, la de Feijóo.
Condiciones de máximos, insistieron desde Ferraz, sobre las que avanzar en una negociación que se presenta como la tarea más complicada a la que hasta ahora se ha enfrentado Sánchez, experto en superar adversidades y situaciones endiabladas y curtido en la épica de las ‘remontadas’.
En el caso de la amnistía, los tiempos son más que ajustados para tramitar una iniciativa parlamentaria que la ampare si es que se quiere llevar a finales de octubre la sesión de investidura de Sánchez.
Mientras al fondo del escenario se escuchan las voces de quienes rechazan transigir con las exigencias de Puigdemont, con históricos del socialismo español como González o Guerra poniendo el grito en el cielo ante la idea de que salga adelante una ley de amnistía, el PSOE centra su mensaje en el marco constitucional y mantiene la discreción sobre una negociación en la que los gestos también tienen su espacio.
Ya en el acuerdo para dar la presidencia del Congreso al PSOE y la mayoría en la Mesa a los progresistas se marcaron unas exigencias que pasaban porque se incluyera el impulso de la oficialidad del catalán en la Unión Europea, requisito al que se ha dado vía formal, y permitir el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara baja, que prepara todo para que en la investidura de Feijóo ya sea una realidad.Pendiente queda la reactivación de la comisión de investigación sobre el caso Pegasus, que afectó a decenas de dirigentes independentistas que fueron espiados a través de sus teléfonos móviles.
Más allá de estos pasos que se van dando, fue la foto de la pasada semana de la vicepresidenta del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Díaz, con Puigdemont en Bruselas la que marcó el inicio de un proceso que nadie sabe si dará resultados, pero que ya se cocina en la trastienda y se escenifica ante las cámaras.
Significativa es también la presencia de la presidenta del Congreso, Armengol, el lunes en Barcelona para celebrar la Diada. La expresidenta balear ha estado ya en el día oficial de otras comunidades y repetirá con el resto, pero la Diada de este año cobra un especial interés porque será el termómetro para calibrar si el independentismo se ha recompuesto y testar su estado de ánimo.
El 1-O es otra de las fechas marcadas. Lo que pueda pasar en el marco de ese día no se sabe pero el protagonismo de Junts tras el resultado electoral del 23J obliga a resaltarlo en el calendario político de las próximas fechas. Antes, esta misma semana, el escenario judicial también será centro de atención ya que el Tribunal Supremo estudia los recursos contra los indultos concedidos a varios líderes del «procés», en concreto al exdiputado catalán y expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Sànchez y al expresidente de Òmnium Cultural, Cuixart.
Por su parte, el Constitucional revisará el rechazo de su Sala de Vacaciones a admitir a trámite el recurso de Puigdemont contra su orden de arresto nacional.
En un escenario en el que los interrogantes son más que las certezas, de lo que no cabe duda es que España, como dijo Puigdemont el pasado lunes, se encuentra en un «dilema» porque o se pacta con un partido que no renuncia a la unilateralidad o habrá que volver a pasar por las urnas.
