La cifra también supone un 46% más que en 2012, año en el que se registró la cifra más alta hasta la fecha. El organismo explica que las ayudas se concentran, principalmente, en los mercados emergentes y en las economías en desarrollo, mientras que más de la mitad se dieron en países exportadores. En concreto, en un informe publicado este viernes, señala que, en 2022, se gastaron subvenciones por valor de 399.000 millones de dólares (375.220 millones de euros) en electricidad y 346.000 millones de dólares (325.400 millones de euros) en gas natural, el doble y más del doble respectivamente en el año. Por su parte, los subsidios al petróleo aumentaron en un 85%, hasta 343.000 millones de dólares (322.550 millones de euros).
En este sentido, desde la AIE subrayan que, bajo la actual coyuntura de crisis energética, se está produciendo todo lo contrario a lo recogido en el Pacto Climático de Glasgow. Firmado en la cumbre de la ONU sobre el clima Cop 26 de 2021, el acuerdo instaba a los países a «eliminar progresivamente las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles, proporcionando al mismo tiempo un apoyo específico a los más pobres y vulnerables», como paso fundamental para lograr la transición hacia las energías renovables.
También en la COP 26, más de 20 países, entre ellos la mayoría de las naciones del G7, se comprometieron a eliminar progresivamente la financiación pública de proyectos de carbón, petróleo y gas en el extranjero para finales de 2022. De su lado, en vísperas de la COP 27 se temía que la invasión rusa y los consiguientes miedos sobre la seguridad energética pudieran eclipsar el compromiso con el cambio climático. Reino Unido, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Francia han «puesto fin casi por completo a su apoyo internacional a proyectos de energía fósil», sin excepciones para infraestructuras de gas o gas natural licuado (GNL), según la organización no gubernamental Oil Change International.
500.000 millones para bajar las facturas
Además de estos subsidios al consumo, la AIE cifra en más de 500.000 millones de dólares (468.302 millones de euros) los gastos adicionales que los distintos gobiernos del mundo han destinado a reducir las facturas de la energía en 2022. Tan solo Europa desembolsó 350.000 millones de dólares (327.761 millones de euros), lo que supone el 70% del total. «El gasto para reducir las facturas de energía representa una carga fiscal significativa para los gobiernos y, como suele ocurrir con tales medidas, estas intervenciones no siempre han sido bien dirigidas. Además, corre el riesgo de disminuir el incentivo para utilizar la energía de manera eficiente o para cambiar a combustibles más limpios», advierten desde el organismo con sede en París.
Por ejemplo, en España, Unidas Podemos pedía que el descuento a los combustibles solo se aplicara a las rentas más bajas. La AIE lo tiene claro: «Es mejor gastar en cambios estructurales que en ayudas de emergencia. Los recursos se despliegan mejor para promover cambios que proporcionen una protección duradera contra los precios volátiles de los combustibles».
Apuesta por las renovables
En su informe Energy Technology Perspectives 2023, la AIE pone de manifiesto que los puestos de trabajo relacionados con la fabricación de energía limpia se pueden duplicar para 2030, pasando de los seis millones actuales a casi 14 millones. También destaca que el mercado mundial de fabricación de tecnologías ‘verdes’ puede alcanzar para finales de década un valor de alrededor de 650.000 millones de dólares anuales (600.000 millones de euros), más del triple del nivel actual. No obstante, para alcanzar dicha cifra, los países de todo el mundo deben cumplir «plenamente» con sus compromisos anunciados en materia de energía y clima.
No obstante, el Viejo Continente no lo tiene fácil y se enfrenta a un reto sin precedentes. Los planes climáticos de los Estados miembro han quedado desfasados en menos de 1-2 años desde su aprobación y deben actualizarse en los próximos si se quiere conseguir la transformación que se propone. El último informe de Monitor Deloitte, ‘Acelerar la transición y la independencia energética en la Unión Europea’, señala que para alcanzar el 80% de energía renovable en el sistema eléctrico europeo se requiere instalar 385 gigavatios (GW) adicionales a los 465 GW estimados, lo que supondría un fuerte incremento del 80%.
En este sentido, hay tres países que son los que más deben apretar ya que tienen un peso muy relevante en el modelo energético de la UE. Son Polonia, con un 67% de su generación eléctrica basada en combustibles fósiles en 2030, Italia (42%) y Alemania (34%). Estos por sí solos serán responsables de más del 60% de las emisiones europeas del sistema eléctrico. Asimismo, el estudio señala que Europa deberá quintuplicar el ritmo de reducción de demanda de energía y por tres la bajada de emisiones logradas hasta la fecha. Para lograr dichos objetivos, Deloitte indica que el ritmo de inversiones necesarias será «muy elevado», entre 1 y 1,3 billones de euros adicionales a los planes de cada país, «para lo que es necesario generar un entorno favorable de acceso a financiación, retornos sostenibles y seguridad jurídica».