Explica esa información que se trataba de la «garantía en favor de José Luis Ábalos del cumplimiento del compromiso por parte de determinadas constructoras de abonar comisiones si resultaban adjudicatarias de determinados contratos públicos». «A tal fin se llegó a concretar el contrato el 24 de abril de 2019, un contrato de arrendamiento con opción a compra, que expiraba el 14 de febrero de 2024». «Este contrato permitía a Ábalos asegurarse el cobro de comisiones futuras», dice el escrito según el diario. «Una vez abonadas, el contrato quedaba sin eficacia, no llegando a ejecutarse una vez el compromiso se había hecho efectivo (…) el inmueble nunca llegó a ocuparse por Ábalos», añade.
El escrito de Aldama añade que tal y como dijo en su declaración voluntaria ante el juez de la Audiencia Nacional «la cantidad solicitada por Ábalos de comisiones era cercana a los dos millones de euros, que no se refería exclusivamente a la adjudicación del contrato de material sanitario en favor de Soluciones de Gestión».
Se trata de un contrato de arrendamiento con opción a compra
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Pruebas contra el jefe de gabinete de Montero
El empresario Víctor de Aldama ha aportado ante el Tribunal Supremo pruebas que acreditan que ayudó a comprar un piso a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, Montero. Tal y como figura en las evidencias que Aldama ha presentado a través de su abogado, el penalista José Antonio Choclán, el empresario hizo varias gestiones en favor de la mano derecha de la titular de Hacienda. Moreno, alto cargo del Ejecutivo, solicitó al cabecilla de la trama que investiga la Audiencia Nacional para la compra de un piso.
Aldama le recomendó varios inmuebles y finalmente Moreno compró uno de ellos. El empresario sostiene que tras la adquisición, Moreno le pidió ayuda para pagarlo, tal y como figura en la documentación. Montero, por su parte, tras salir a la luz detalles de la relación entre Aldama y su jefe de gabinete aseguró poner la mano en el fuego por él. En estos momentos, el Tribunal Supremo analiza las evidencias que ha aportado el empresario.
