Este cambio de comportamiento está teniendo un impacto directo en los inquilinos, con un incremento de las mudanzas forzadas por motivos económicos.
El informe revela que 1 de cada 2 propietarios prioriza la seguridad del perfil del inquilino frente a la rentabilidad, lo que se traduce en filtros más exigentes. En concreto, el 70% exige ingresos mínimos equivalentes a tres veces el precio del alquiler, mientras que el 60% solicita garantías adicionales, como seguros de impago o avales. Esta tendencia reduce significativamente el acceso a la vivienda en alquiler, especialmente de los más jóvenes.
Como consecuencia, el proceso de selección se ha convertido en un embudo altamente restrictivo: solo 1 de cada 4 candidatos llega a visitar una vivienda pese al elevado número de interesados por anuncio, que en las primeras 48h supera los 300 candidatos. Esta presión evidencia un desajuste estructural entre oferta y demanda que se intensifica en los principales núcleos urbanos, donde la escalada de precios convive con una oferta cada vez más limitada.
El impacto social de este nuevo escenario se refleja en la creciente movilidad forzada. Según los datos de donpiso, alrededor del 40% de los inquilinos se ha mudado por motivos económicos en el último año, mientras que 1 de cada 3 ha tenido que cambiar de barrio o zona para poder asumir el coste del alquiler. Esta dinámica está alterando los patrones de residencia y expulsando progresivamente a parte de la población de las áreas más tensionadas.
A esta situación se suma una mayor inestabilidad residencial: al menos un 20% de los inquilinos ha cambiado de vivienda dos veces en los últimos cinco años, y el 30% reconoce vivir en una casa que no responde a sus preferencias. El alquiler deja así de ser una solución estable para convertirse en una situación transitoria marcada por la incertidumbre y la adaptación constante a las condiciones del mercado.
