El juez que investiga el ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional (AN) ha reclamado al PSOE que le informe de los pagos en metálico efectuados entre los años 2017 y 2024, así como que le entregue los justificantes, en el marco de sus pesquisas sobre los efectuados al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Según una providencia de este miércoles, el juez IMoreno sigue el criterio de la Fiscalía Anticorrupción para hacer ese requerimiento al partido, al que da diez días para entregar esa información.
«Requiérase al PSOE» para que «facilite al juzgado relación de pagos en metálico efectuados y documentos en los que se soportan los mismos, durante el periodo de 2017 hasta el 2024», señala el juez en la resolución.
Moreno decidió abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico a Ábalos y Koldo, siguiendo así las indicaciones del Tribunal Supremo para comprobar si llegaron a blanquear dinero a través de las liquidaciones de gastos del partido.Ahora adopta esta decisión después de que Anticorrupción le pidiera además designar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como policía judicial investigadora de la pieza separada.
También la Fiscalía pidió que la UCO realice un informe en el que plasme «mensajes, tanto escritos como de voz, así como documentos que hagan referencia a la operativa» que describió el Supremo en el auto en el que instaba a la AN a investigar esos pagos.
El juez accede de momento a reclamar esa información al PSOE y se reserva para una «resolución aparte» su decisión sobre el resto de peticiones de la Fiscalía, según la providencia.
Por su parte, Anticorrupción recuerda en un escrito, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, las dudas del magistrado que investiga el ‘caso Koldo’ en el Supremo, Leopoldo Puente, sobre los pagos en efectivo del PSOE.
El fiscal Luis Pastor señala que «se han puesto de manifiesto una serie de conductas que pudieran ser calificadas de un ilícito penal, desde el blanqueo de capitales, pasando por el posible desfalco cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades». Y por ello considera necesaria una investigación para «despejar las incógnitas existentes» y que el PSOE aporte tanto los pagos de esos siete años como sus justificantes para «determinar el modo y el motivo de los pagos en metálico».
Fue el pasado 31 de octubre cuando el magistrado del Supremo consideró que la AN tendría que investigar si pudo haber un presunto blanqueo de capitales a través de las liquidaciones de gastos y que ni el partido, ni los investigados en la causa ni los trabajadores del PSOE que declararon como testigos esclarecieron ese asunto. Señaló que en el PSOE no se comprobaba, antes de hacer esos pagos, si al menos la persona que reclamaba la devolución de los gastos era efectivamente quien conforme a los tickets o facturas aportadas los había realizado.
El magistrado estimó que todos esos datos serían útiles para comprobar que no fuera posible que, «una vez adelantado el dinero por éstos para satisfacer esos gastos eventualmente con fondos procedentes de una actividad ilícita –o, incluso delictiva–, no se estuviera, al compensarles dichos gastos, blanqueando su procedencia»; sobre todo cuando al parecer «una persona podía encargarse de gestionar la liquidación de gastos efectuados no por él sino por terceros».
Puente recordaba que el informe patrimonial de la UCO sobre Ábalos reflejaba la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico en favor del exministro y de Koldo que no constarían, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por el PSOE en la causa.
E indicó que, tras las testificales del exgerente del PSOE Moreno y la empleada Celia Rodríguez, no quedaron «suficientemente explicadas las razones que aconsejaban que las compensaciones económicas se efectuaran en metálico». «Si la mayor parte del dinero que se mantenía en caja tenía por objeto (…) compensar los gastos anticipados por personas pertenecientes al partido (en particular los miembros de la Secretaría de Organización) y que recibían, lógicamente, de éste ciertos emolumentos por conducto bancario, no se comprende con facilidad que resultara necesario contratar, al menos para esos casos, una empresa de seguridad con el propósito de trasladar desde la cuenta de funcionamiento a la caja del partido importantes cantidades de dinero para entregarlas después en metálico a la persona que ellos designaran», señalaba.
El magistrado instructor tampoco vio «suficientemente explicado» por el exgerente y la trabajadora «el origen de las cantidades en metálico de las que el partido político dispondría en su propia sede para hacer frente con ella a las compensaciones de gastos que, también en metálico, satisfacían a Ábalos y García y a otros posibles beneficiarios», «más allá de remitirse nuevamente a lo que pudiera reflejarse en la contabilidad del partido».
