El ministerio público solicita para Luceño 15 años de prisión por los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento oficial y contra la Hacienda Pública; mientras que Medina se enfrenta a nueve años de cárcel por los dos primeros delitos.
El escrito de acusación provisional se presenta después de que, el pasado 3 de abril, el titular del Juzgado de Instrucción de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, concluyera la instrucción del caso, que duró un año y propusiera juzgar a los dos investigado por la presunta estafa millonaria al Ayuntamiento de Madrid con la compraventa de mascarillas, guantes y test rápidos al inicio de la pandemia.
Además de la pena de prisión, Anticorrupción solicita que Luceño y Medina indemnicen conjunta y solidariamente a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid con los seis millones de euros que cobraron de comisión con la venta de un millón de mascarillas KN95; dos millones y medio de pares de guantes de nitrilo y 250.000 test rápidos covid-19.
Por otro lado, el fiscal del ‘caso Mascarillas’, Luis Rodríguez Sol, pide que Alberto Luceño indemnice a la Hacienda Tributaria con 1.351.386,29 euros, en el caso de que se considere que las comisiones que obtuvo por la venta de material sanitario debían ser tributadas; al mismo tiempo que interesa que se decrete el decomiso de los bienes actualmente embargados y otros en poder de los acusados hasta alcanzar la cantidad de 4.623.350 euros en el caso de éste y hasta llegar a los 912.700 euros en el caso de Luis Medina.
En su auto, el juez Carretero afirmó que de la investigación se podía afirmar que Alberto Luceño ejerció el rol de intermediario en los contratos firmados con el ayuntamiento, mientras que Medina actuó como “facilitador” del negocio, al utilizar sus contactos para llegar hasta el consistorio madrileño. En concreto, éste útlimo contactó con una amiga que tenía en común con el primo del alcalde José Luis Martínez-Almeida, quien finalmente le proporcionó una dirección de la Coordinación General de la Alcaldía de Madrid a la que podía dirigir su oferta.
Y así lo expone también el fiscal en su escrito de calificación, en el que subraya que “desde este momento, la intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador, al que convencieron de que actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio de la operación”.
En total, los acusados cobraron al consistorio 11,9 millones de dólares (unos 10,9 millones de euros), sacando un beneficio de seis millones de euros. Luceño obtuvo cinco millones de euros, que después fueron invertidos, entre otras cosas, en coches de lujos; mientras que Medina recibió un millón de euros, parte del cual fue destinado a un yate, bautizado como Feria, en honor al título nobiliario de su familia.
Para llevar a cabo el plan, los acusados se presentaron como “agentes exclusivos” de Leno, una empresa malaya, cuyo director San Chin Choon, ha sido imposible tomar declaración. Es más, para justificar la entrada de dinero por parte del ayuntamiento, Luceño y Medina presentaron ante sus banco documentación que acreditaría dicha condición. El juez sospecha de que esta documentación era falsa.
