Si el lunes las dos formaciones independentistas ya registraron en el Parlament una ley de financiación singular que plantea un tipo de concierto económico para la región y fijar, eventualmente, una «cuota de solidaridad» entre la nación catalana y el Estado español, Pere Aragonès ha instado ahora al partido de Puigdemont a alcanzar un pacto el año que viene para que «los impuestos de Cataluña se recauden en Cataluña».
Ha sido su respuesta al presidente de Junts en el Parlament, Batet, que lo interpelaba en la sesión de control, reprochándole que el acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC para la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) «no soluciona el déficit fiscal», informa Europa Press.
«A esto dedicaré también el año que viene y espero contar con su apoyo», ha afirmado el líder catalán, quien ha reconocido que al tratarse de una condonación parcial de la deuda que Cataluña mantiene vía mecanismos extraordinarios (del 20% ó 15.000 millones de euros, que es el volumen que se habría generado a causa del ciclo económico) esta medida no soluciona el problema del déficit fiscal.
El agujero de las cuentas públicas catalanas cerró el pasado ejercicio en el 1,51% del PIB, muy por encima del objetivo del -0,8% que se había establecido a las regiones pese a mantenerse en suspenso las reglas fiscales a nivel europeo (la obligatoriedad de ceñirse a un déficit del -3% y a una ratio de deuda sobre PIB del 60%) para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania y de las crisis energética e inflacionaria.
El conjunto de las autonomías despidió 2022 con un desequilibrio del -1,1%, que este año deberán ajustar hasta el -0,3% para que el conjunto de las Administraciones Públicas cumplan la meta del 3,9% que se ha fijado el Gobierno en funciones. En las elecciones autonómicas de 2021 ambas formaciones nacionalistas llevaban ya en su programa el objetivo de «crear» o «potenciar» una Agencia Tributaria propia, «con la capacidad de gestionar todos los impuestos».
Los propios Inspectores de Hacienda del Estado han venido advirtiendo sobre la posibilidad de que el Gobierno en funciones utilice este medida como moneda de cambio para una eventual investidura de Sánchez. En su opinión, un troceamiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria tendría «efectos devastadores» en la gestión y aplicación de los tributos a nivel nacional.
