El incremento de las bajas laborales desde la pandemia se ha convertido en una de las principales preocupaciones de las empresas españolas. Mientras el Gobierno presume de cifras récord de ocupación en el mercado laboral, la ‘cara B’ revela una tendencia cada vez más difícil de contener: cada semana, más de un millón de empleados no acuden a su puesto por estar enfermos.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística, en el primer trimestre de 2026, un total de 1.075.900 ocupados se ausentaron de su puesto de trabajo por enfermedad, accidente o incapacidad temporal, el mayor dato registrado desde que comenzó la serie. En concreto, desde antes de la pandemia (primer trimestre de 2019), este volumen se ha incrementado un 50,5%. Un alza que ha despertado las alertas de las organizaciones empresariales como la CEOE, que exigen medidas urgentes para frenar este ritmo de crecimiento.
A simple vista, podría pensarse que este repunte responde a que España tiene actualmente más trabajadores que antes de la pandemia. No en vano, desde el primer trimestre de 2019, el mercado laboral ha sumado casi tres millones de ocupados nuevos, al pasar de 19,5 millones a 22,3 millones en el arranque de 2026. Sin embargo, mientras que el empleo ha crecido un 14,5%, las ausencias por bajas médicas lo han hecho en más de un 50%, una diferencia que desmonta la idea de que se trata exclusivamente de una consecuencia natural de una mayor masa laboral.
La preocupación también se ha trasladado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Saiz. Ante el fuerte repunte de la incapacidad temporal, el Gobierno abrió una mesa de diálogo en el verano de 2024 con las organizaciones empresariales y los sindicatos a fin de abordar el problema y buscar soluciones que permitiesen contener el impacto económico y laboral.
Y es que, tan solo en 2025, el gasto de la Seguridad Social para pagar las incapacidades temporales ascendió hasta los 18.400 millones de euros, casi dos millones más que en 2024. De hecho, se ha consolidado como la segunda partida más costosa del sistema y el Estado ha tenido que inyectar 6.700 millones adicionales para hacer frente a los costes, al contar con las cuentas presupuestarias prorrogadas desde 2023.
Pese a esta presión sobre las cuentas públicas, la negociación de la mesa de diálogo se encuentra paralizada actualmente. En febrero de 2026, el Ministerio anunció su último movimiento: la creación de un Observatorio sobre la Incapacidad Temporal. Un espacio de carácter permanente que reunirá al Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio de Sanidad y a las organizaciones sindicales (UGT y CCOO) y empresariales (CEOE y Cepyme) para abordar el problema y buscar soluciones que permitan contener el impacto económico y laboral de las bajas. Sin embargo, para las empresas, seguir en fase de diagnóstico resulta insuficiente.
La falta de avances en la mesa de diálogo social llevó al Ministerio de Seguridad Social a elevar la consulta a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en septiembre de 2025. Finalmente, este 24 de abril, el departamento de Elma Saiz dio a conocer las conclusiones remitidas por la OCDE. En el documento, el organismo situó a España como el tercer país con mayor volumen de bajas laborales de los 38 países que componen la Organización, tan solo por detrás de Noruega y Finlandia. Además, alertó de que en los últimos 12 años, España había pasado de estar por debajo de la media de la OCDE a encabezar la clasificación.
No obstante, el punto más relevante recae en las conclusiones del organismo. La OCDE advierte de que el principal problema del incremento no está en la generosidad del sistema, sino en su gestión. La Organización señala que el gran reto para garantizar la sostenibilidad a medio y largo plazo pasa por corregir una gestión deficitaria que dificulta el retorno al trabajo y prolonga innecesariamente muchos procesos. Para ello, recomienda reforzar los controles, agilizar los seguimientos médicos e incentiva a tomar medidas como las altas progresivas.
El diagnóstico de la OCDE coincide con el análisis de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). En su último Spending Review, la expresidenta del organismo, Cristina Herrero, advirtió de la «dejación de funciones del INSS hasta el día 365» y reclamó una intervención mucho más activa del Instituto Nacional de la Seguridad Social durante todo el proceso de incapacidad temporal.
La AIReF recordó que, aunque la baja la prescribía un médico de atención primaria, quien asumía el coste económico era el INSS. Esta separación entre la decisión clínica y el impacto presupuestario generaba, según el organismo, una «deficiencia estructural» que favorecía la sobreutilización y la prolongación de los procesos. Una conclusión que no gustó al Ministerio de Seguridad Social, que defendió que ya estaba reforzando la coordinación entre el INSS, los servicios públicos de salud, las mutuas y las empresas mediante nuevos convenios de colaboración. Sin embargo, las conclusiones posteriores de la OCDE han terminado alineándose con el análisis de la AIReF.
