El juez Manuel García Castellón aceptó entonces los argumentos de Anticorrupción y acordó prolongar la instrucción hasta el próximo 29 de abril. El BBVA, que se oponía a la prórroga, acusa ahora a la Fiscalía de lanzar “infundados reproches” contra la entidad con el único fin de alargar la investigación judicial.
El cruce de acusaciones entre ambas partes no es nueva. En julio de 2021, en otro escrito para solicitar la prórroga de la investigación, la Fiscalía ya apuntaba a una presunta falta de colaboración del BBVA en las pesquisas. La entidad financiera respondió entonces con un escrito en el que negaba esta acusación. Una secuencia similar se ha repetido ahora. El pasado enero, Anticorrupción volvía a pedir la prórroga de la causa al considerar que aún había diligencias que no se habían podido practicar, de lo que acusaba en parte al banco, En el escrito, la Fiscalía aludía a que no había aportado todos los correos electrónicos que se le habían requerido y, en concreto, uno intercambiado por el directivo del BBVA Antonio del Campo y el que fuera jefe de control interno, Eduardo Arbizu, en el que supuestamente el primero informaba, en septiembre de 2017, de la relación que existía entre el grupo Cenyt, empresa a la que la entidad pagó cifras millonarias, y el comisario Villarejo.
En su nueva respuesta, el BBVA niega este último hecho y detalla que ese correo electrónico ha sido aportado por la propia entidad a la causa “hasta en dos ocasiones” hace “más de dos años” y recalca que lo aporta por tercera vez junto al escrito. “Desgraciadamente, este episodio no es sino un nuevo ejemplo de una situación que se ha tornado en recurrente en este procedimiento: el Ministerio Fiscal echa en falta un determinado fichero o documento y, automáticamente, atribuye esa aparente omisión a BBVA y a su defensa, llegando en ocasiones a reprocharnos el privar a la investigación judicial de documentos que podrían ser relevantes”, señala la entidad en su escrito, en el que se recalca que “invariablemente” luego se constata que ese ese documento o fichero “había sido entregado por el banco y obraba en poder del Juzgado desde hacía años”.
El BBVA ironiza en que los escritos por los que Anticorrupción solicita la prórroga de la investigación “parecen ser momento particularmente idóneo para hacer este tipo de infundados reproches”, en referencia al escrito de julio de 2021, y sugiere:“No estaría de más que, antes de decir que nos dedicamos a ocultar documentos a la instrucción, se revise en detalle lo que ya obra en autos. O, más sencillo aún, se nos pregunte si el documento de que se trate lo hemos aportado o lo conocemos”. “Además de evitar reproches injustos, esta razonable forma de actuar evitará prórrogas innecesarias de la instrucción como la que ahora nos ocupa, en la que en lugar de investigar los supuestos hechos delictivos se está investigando ‘la investigación de la investigación’ de BBVA”, continúa en su crítica a la actuación de la Fiscalía.
La defensa de la entidad considera que las acusaciones de Anticorrupción a la actuación en la causa del BBVA tienen “otros efectos” que han provocado que la investigación se alargue. “Como cabía esperar, las acusaciones particulares se han subido al carro de la acusación de ocultación y, con esa fácil excusa, se dedican a solicitar diligencias innecesarias y hasta impracticables”, añade. Para la entidad, la causa corrobora que “la colaboración de BBVA con la investigación ha sido exhaustiva, por más que al Ministerio Fiscal ello le incomode”. Y concluye que el banco “no tiene ninguna responsabilidad en el hecho de que la investigación no se haya dado ya por concluida, ni desde luego está dificultando ningún intento de recabar pruebas”.
La investigación de los trabajos realizado por el comisario Villarejo para el BBVA entre los años 2004 y 2017 se inició en diciembre de 2018 dentro de la pieza separada número 9 del caso Tándem, el macrosumario abierto para investigar las actividades presuntamente ilegales de policía ahora jubilado. Las pesquisas han revelado, hasta ahora, un total de 18 encargos por parte del banco, algunos sin mediar contrato por escrito, por los que Villarejo se embolsó 10,3 millones de euros. En esta pieza están imputadas una veintena de personas, entre ellas el propio policía, el expresidente Francisco González y otros directivos de la entidad, así como el BBVA como persona jurídica. Entre las víctimas de estos espionajes ilegales hay periodistas, empresarios y políticos.
