Ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores una copia del acuerdo de resolución adoptado por el Gobierno con un comentario adicional en el que reconoce que «está evaluando a los efectos de lo previsto en el artículo 26.1. del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores». El citado artículo recoge una serie de supuestos en los que el oferente en una opa puede «condicionar su oferta respecto a la obtención de autorizaciones por parte de autoridades de defensa de la competencia». Una de las posibilidades que habilita la ley a BBVA es que se puede desistir de la oferta si antes de que termine el plazo de aceptación de la OPA las autoridades de defensa de la competencia subordinaran la autorización a cumplir alguna condición.
Esta posibilidad ya fue recogida por el propio BBVA en su anuncio previo al lanzamiento de la opa, publicado el año pasado, en el que subordinaba que sería efectiva bajo una serie de requisitos: «Que al menos acudan a la OPA accionistas dueños del 50,01% de los derechos de voto del capital social, que se apruebe la ampliación de capital por parte de la junta de BBVA, recibir el visto bueno de la autoridad prudencial británica y recibir el visto bueno de las autoridades de Competencia con arreglo a dicho artículo de la ley de las opa». El presidente del BBVA, Carlos Torres, ya advirtió que tras conocerse la decisión del Gobierno el banco tendría la posibilidad de retirar la oferta o la de recurrir a la vía judicial.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) esperará a que el BBVA actualice el folleto de la opa con las nuevas condiciones que acaba de imponer el Gobierno a la operación para analizarlo, y después poder aprobarlo. Tras conocerse el dictamen del Gobierno, el BBVA deberá actualizar el folleto de la opa con las condiciones impuestas y su impacto para ser estudiado por la CNMV, paso previo a su aprobación. El propio presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, aseguró ayer que el folleto de la operación se encuentra «muy avanzado», por lo que faltaría resolver algunos flecos, incorporar la decisión del Consejo de Ministros y el impacto que esto tendría para el banco comprador, que podría quedar resuelto en unas tres semanas, lo que llevaría el calendario más allá de mediados de julio. Desde BBVA recuerdan que aunque la ley establece un mínimo de 15 días, la realidad es que «suelen ser al menos 30 días», lo que colocaría el cierre del periodo de canje en agosto, algo que llevaría el proceso a «un mal escenario».
