El pasado 1 de septiembre –primer día hábil en los tribunales tras el parón estival–, el banco recurrió directamente ante dicha Sala para tratar de evitar que la instrucción se alargue, al menos, hasta enero de 2024 (tal y como está previsto). Es decir, busca que la instancia superior al instructor ordene el cierre de la causa, que está a punto de cumplir cinco años de vida. En el escrito, al que tuvo acceso CincoDías, el banco alega que el juez no solo lleva dos años recabando pruebas que, en su opinión, “no han aportado nada relevante al esclarecimiento de los hechos”, sino que está eludiendo un mandato de la Sala de lo Penal. Según recuerda BBVA, el pasado18 de julio, justo una semana antes de que García Castellón ordenara la novena prórroga de la pieza separada número 9 del caso Villarejo, dicho tribunal ratificó la anterior ampliación del plazo de instrucción (acordada en abril de 2023, por solo tres meses), pero advirtió de que la causa “debía darse por concluida” el 29 de julio.
Los abogados del segundo grupo bancario español aseguran que el juez instructor está retrasando sine die el fin de la investigación sin motivo alguno. Es más, creen que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha seguido un “mismo patrón” en las últimas cuatro prórrogas –esto es, desde julio de 2022– para no concluir el caso y decidir quién debe ir a juicio por el pago de más de 10 millones de euros, entre 2004 y 2017, a Villarejo por sus espionajes.
“Tras acordarse la correspondiente prórroga, el Juzgado practica las pocas diligencias en que la sustentó, tras lo cual transcurre más de uno o dos meses sin que haya actividad indagatoria relevante, para terminar una semana antes de la expiración del plazo prorrogado con la emisión de un informe del Ministerio Fiscal que, repentinamente, interesa nuevas diligencias de ineludible práctica para justificar una nueva prórroga”, indican.
En esta línea, BBVA arremete una vez más contra la Fiscalía Anticorrupción y critica que achaque al banco una actitud de esconder información a los investigadores. No obstante, añade el recurso, “sigue siendo incapaz de identificar qué es lo que BBVA ha ocultado y, consecuentemente, qué indicio probatorio de cargo espera encontrar para concluir la instrucción y que todavía no ha localizado”.
La última prórroga se vio marcada por el rifirrafe que protagonizaron el banco y Anticorrupción en los últimos días de julio, después de que la jefa jurídica del banco, María Jesús Arribas, se negara a declarar en sede judicial, al considerar que ello afectaba a su deber de guardar secreto profesional. La decisión de su citación como testigo está pendiente de resolución por parte de la Sala de lo Penal, si bien los fiscales amenazaron con llamar a declarar a Carlos Torres en su lugar para conocer cómo se realizó el forensic que se ordenó a PwC para depurar responsabilidades internas y en el que los archivos del presidente de la entidad no fueron analizados.
