El crecimiento económico en 2025 se ha ajustado a la baja principalmente en las Comunidades del norte de España, más expuestas a la incertidumbre externa y a la evolución negativa de las exportaciones de bienes. Asturias y Cantabria crecerán un 1,8%, Aragón un 1,9%, Castilla y León un 2,0%, Navarra un 2,2%, y el País Vasco y Galicia un 2,3%.
En contraste, las exportaciones de servicios mantienen una evolución favorable, lo que permite a las Comunidades insulares liderar el crecimiento: Canarias crecerá un 3,4% y Baleares un 3,2%. La Comunitat Valenciana también destacará con un avance del 3,1%, apoyado en la recuperación post-dana.
En el sur, el menor dinamismo del consumo público afectará el crecimiento, aunque el menor peso de las exportaciones de bienes suaviza estas revisiones. Murcia (2,8%) y Andalucía (2,7%) se benefician del buen comportamiento del turismo, mientras Castilla-La Mancha y Extremadura crecerán un 2,5% y 2,3%, respectivamente.
Cataluña sufrirá un impacto mayor en sus exportaciones, con una revisión más acusada, pero su fortaleza turística permitirá mantener un crecimiento por encima de la media nacional, con un 2,6%. Madrid experimentará una revisión más moderada, gracias al fuerte avance de las exportaciones de servicios, y crecerá también un 2,6%.
Para 2026, el crecimiento se desacelerará hasta el 1,7%, condicionado por la incertidumbre arancelaria y económica, la pérdida de impulso de motores clave de la demanda y persistentes cuellos de botella estructurales. Las Comunidades del norte continuarán siendo las más afectadas, con País Vasco y La Rioja creciendo un 1,4%, y Asturias y Castilla y León un 1,5%.
Las islas perderán el liderazgo en crecimiento debido al menor dinamismo del consumo y la caída en las exportaciones de bienes, con Canarias al 1,7% y Baleares al 1,6%. Cataluña verá un crecimiento del 1,5%, mientras la Comunitat Valenciana podría liderar el aumento del PIB con un 2,4%, gracias a la recuperación tras la dana.
El incremento del gasto en defensa, anunciado por el Gobierno, apoyará el crecimiento en regiones con fuerte industria militar, como Madrid (1,9%), Galicia (1,8%), Andalucía (1,7%) y Murcia (1,7%), contribuyendo a mejorar la convergencia en PIB per cápita.
A pesar de las revisiones a la baja, existen varios factores que sostendrán la actividad en los próximos trimestres. Entre ellos destacan la mejora en los términos de intercambio, gracias a la caída de precios del petróleo y gas, que podría aportar hasta 0,5 puntos porcentuales al crecimiento entre 2025 y 2026.
La política monetaria se mantendrá moderadamente expansiva, con tipos de interés relativamente bajos que favorecerán la reactivación del crédito, especialmente hipotecario, con crecimientos superiores al 27% en operaciones y al 35% en importe concedido en el primer trimestre de 2025. El cambio en la configuración del consumo hacia servicios como turismo y hostelería impulsará la inversión en infraestructuras turísticas en regiones como Comunitat Valenciana, Madrid y Andalucía, que junto al buen tono del turismo internacional, sostendrán la demanda.
Los flujos migratorios continuarán apoyando el crecimiento del empleo y de la población activa, especialmente en regiones con envejecimiento demográfico, como Castilla y León, Asturias, Galicia y Extremadura. Además, la mejora salarial favorecerá un mayor dinamismo del consumo privado.
Finalmente, el aumento del gasto en defensa será un motor adicional para la demanda interna, aunque con impacto regional desigual, concentrado en Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia.
Persisten obstáculos estructurales que limitan el crecimiento, como la escasez de vivienda, que dificulta el acceso especialmente para los jóvenes, y frena el consumo y tensiona el mercado inmobiliario. La inversión sigue mostrando una respuesta débil, afectada por la baja rentabilidad empresarial y un diferencial de productividad respecto a otras economías europeas, lo que limita la capacidad de convertir el crecimiento en inversión sostenida. Asimismo, el consumo privado está más débil de lo esperado, condicionado por la alta probabilidad de pérdida de empleo, avances limitados en productividad y la incertidumbre derivada de posibles cambios en la regulación laboral.
