Así lo ha trasladado durante su intervención en la mesa de debate organizada por el Instituto Español de Analistas y por la Fundación ICO para presentar el Anuario del Euro 2023 y en la que ha participado junto al secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, García Andrés, y la presidenta de la Asociación Bancaria Europea (AEB), Kindelán.
Gavilán ha señalado que, en los últimos años, las familias y empresas han mantenido una «resiliencia extraordinaria», una situación que puede basarse en un cambio «estructural» de la economía, con menor volumen de deuda privada, o bien en que esta resistencia se ha basado en unos «buffers» o colchones que se han agotado. También ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que todavía no se haya producido toda la traslación de la subida de tipos a la economía.
«Hemos venido publicando en los últimos meses distintos informes donde señalamos que hay un porcentaje muy grande o nada despreciable de hogares que, ante el aumento de los tipos de interés, va a entrar en situación de vulnerabilidad […] y lo mismo con las empresas», ha afirmado. En este sentido, ha explicado que si las empresas que tienen deuda a corto plazo, necesitan refinanciarla a los tipos actuales, afectaría a su balance. Además, ha señalado que las empresas endeudadas «invierten menos» y esto puede afectar no solo a la estabilidad financiera, sino también a las perspectivas de crecimiento.
Otra fuente de incertidumbre que ha destacado Gavilán es la persistencia de la inflación, es decir, durante cuánto tiempo se mantendrá elevada y cómo afectará a la economía. La previsión que maneja el Banco de España es que la inflación «core» o subyacente no se desacelere de forma apreciable durante 2023, a pesar de la desaceleración significativa que registrará la tasa general del IPC.
Sobre la evolución de la morosidad, la presidenta de la AEB ha afirmado que la tasa de mora «sigue en mínimos» a pesar de la desaceleración de la economía y de la fuerte subida de tipos. Kindelán ha explicado que esa ralentización se está produciendo de una manera «más gradual» y el empleo «está aguantando bien. Esta es la variable que más condiciona la evolución de la mora por nuestras carteras hipotecarias en España tan importantes». En este sentido, ha puesto en valor los Códigos de Buenas Prácticas acordados con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, tanto para la extensión de las líneas ICO-Covid como para los deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad.
Sobre este último, actualizado en noviembre de 2022 con un acuerdo firmado entre la banca y Economía, Kindelán ha afirmado que es «pronto» para juzgar su uso, ya que actualmente se están repreciando las carteras hipotecarias para actualizar las hipotecas variables con los nuevos niveles de Euríbor, pero ha rechazado que actualmente haya un problema de morosidad. Sin embargo, ha señalado que ha escuchado «mucho ruido» en cuanto a la posibilidad de «cambiar o mejorar» este acuerdo hipotecario, pero ha defendido que «lo que da más certidumbre puede dar a los deudores es que este acuerdo se cumpla».
Por su parte, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha asegurado que el acuerdo hipotecario es una respuesta «muy equilibrada» que permite al sector «anticiparse» a los posibles problemas que supongan la subida de las tasas de interés en la revisión de los préstamos hipotecarios a tipo variable. Pero ha pedido a las entidades que apliquen el acuerdo «con celeridad y diligencia» porque «las familias lo necesitan».
Por otro lado, preguntado sobre las reglas fiscales que se discuten en el seno de la Unión Europea, ha pedido que estas normas ayuden a garantizar una política fiscal sostenible, estable y transparente, y que también tengan «sensibilidad suficiente» para entender el punto de partida de los distintos países de la UE. Además, ha pedido que se incremente la relevancia de las autoridades fiscales independientes a la largo de la UE para actuar como «vigilante» de las reglas fiscales.
Por último, ha recalcado la importancia de que las políticas fiscales de los países sean cada vez más focalizadas, en detrimento de aquellas impulsadas durante la pandemia dirigidas a paliar el efecto de los confinamientos a nivel general.