El abogado de la mujer del presidente del Gobierno, el exministro socialista Antonio Camacho, le recuerda que los magistrados madrileños señalaron que de las pesquisas hasta ahora llevadas a cabo en torno a la millonaria ayuda pública a la aerolínea de Globalia no se extraen indicios criminales y que dejaron la puerta abierta a que retomara su investigación solo si aparecen «hechos nuevos» con visos de delito.
Esto último es, precisamente, lo que blandió el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid para seguir adelante con el informe que encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el expediente del rescate aprobado por el Gobierno. Gómez apunta a que para tomar esta decisión el instructor no ha motivado cuáles son esos «nuevos elementos» que le respaldan y, por tanto, apunta a que está incurriendo en un incumplimiento del mandato del órgano superior.
«Nos preocupa la existencia de un miembro de la judicatura que se salta de forma reiterada y consciente las resoluciones de la Audiencia Provincial respecto a las cuales su obligación es acatarlas y cumplirlas», llega a sostener en un punto de su recurso.
El letrado de la mujer de Pedro Sánchez insiste, por tanto, en que el juez Peinado «está buscando los indicios que le permitan abrir la investigación» sobre la subvención que evitó la quiebra de la compañía aérea para emprender una «revisión general de la actuación de los investigado» a fin de hallar «algún elemento en su conducta que pueda ser incriminatorio».
Esta forma de actuar asegura la defensa de Gómez que en jurisprudencia y doctrina judicial se le llama comúnmente «fishing expedition». Que no es otra cosa que una causa prospectiva, prohibida por la legislación española. Para Camacho es a lo que se dedica el instructor: «Con el pretexto de esclarecer un determinado hecho delictivo, en realidad lo que buscan es indagar en la vida y obra del sujeto para ver si, otros delitos pueden ser descubiertos, partiendo del convencimiento de la fuerza investigadora sobre la criminalidad del sujeto».
El instructor del «caso Begoña Gómez» expuso en su auto que para evitar caer en una conducta prevaricadora -que le atribuye la defensa de la mujer del jefe del Ejecutivo- sigue adelante con el análisis de si Gómez tuvo que ver con la concesión de más de 400 millones de dinero público a Air Europa. Principalmente, como forma de garantizar que no pasa «por alto la comisión de hechos delictivos», que también implicaría, por su parte, o, incluso, de la UCO, un delito de «omisión del deber de perseguir delitos». El informe policial está al caer, en un «estado muy avanzado de elaboración», con lo que en días o semanas llegará a manos del juez Peinado.
