Así, por ejemplo, la fiscalía general del Estado se ha pronunciado en un informe en contra de activar el procedimiento para ilegalizar a EH Bildu tras incluir a condenados terroristas y antiguos miembros de ETA en sus listas electorales. «En atención a su actividad, la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus fines con los principios democráticos, Euskal Herria Bildu constituye una formación política democrática y, por tanto, debe rechazarse la posibilidad de instar el procedimiento de declaración de ilegalidad», expresa un informe que firman conjuntamente la fiscal Ana García León, jefa de la Secretaría Técnica del Ministerio Público y el fiscal jefe de la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Antonio Narváez.
De esta forma, la Fiscalía trata de zanjar un debate que se abrió cuando la formación abertzale incluyó a 44 condenados como candidatos a las instituciones del País Vasco en los comicios del próximo 28 de mayo.
Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, no opina de la misma forma, y ha asegurado que es partidaria de instar a la ilegalización de Bildu a través del artículo 11 de la Ley de Partidos. La dirigente madrileña ha dejado esa reflexión en un desayuno informativo y ha justificado promover esa ilegalización alegando que Bildu «ha ido mutando con diferentes collares a lo largo del tiempo». Según ha añadido, ella ha estado viendo el artículo 11 de la Ley de Partidos, que permitiría «instar al Congreso y al Senado» a que inicie los trámites en la sala competente del Tribunal Supremo.
Diaz Ayuso ha defendido que esta determinación «no es ir contra ley» ni «retorcer las instituciones», dado que Bildu, que no son «herederos de ETA, sino que es ETA», ha cometido «los más graves delitos». «No solo lo digo yo, lo dice una gran parte de personas del mundo jurídico que desde el momento que se legalizó Bildu hasta ahora han estado en desacuerdo con ello», ha apostillado Ayuso.
«Esto ya no va de izquierdas o derechas va de elegir entre los que respetamos los principios constitucionales y los valores que son nuestro modo de vida y quiénes creen que todo vale».
En definitiva, que las opiniones son libres y que como en otros muchos temas España no es una, sino dos, a cuál mas distinta o como se dice “de su padre y de su madre”
