El Notariado italiano estudia adoptar un modelo similar al español y recuperar la trasmisión en escritura pública de las participaciones societarias, tras haber sido advertidos al respecto por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su informe de 2026 relativo a Italia. El sistema español notarial de lucha contra la delincuencia financiera se sirve del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales (OCP), creado en 2005 por el Ministerio de Economía español, para facilitar información a las autoridades judiciales, fiscales y administrativas competentes en la materia. Los técnicos del OCP son los responsables de analizar (en el marco de la normativa de protección de datos) la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, la segunda mayor base de datos de España -sólo por detrás de la Agencia Tributaria-, con información parametrizada de más de 45 millones de personas físicas y jurídicas.
Desde que se constituyó en 2005 hasta finales de 2025, el OCP ha contestado de forma telemática más de 415.000 requerimientos de información, y casi 200.000 solicitudes de documentación, erigiéndose como uno de los principales pilares de España en la lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. De hecho, el 80% de las comunicaciones de operaciones sospechosas que realiza al SEPBLAC acaban destapando graves delitos. A partir de este índice se creó en 2012 la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR), que permite saber quiénes son las personas físicas titulares reales de una sociedad u otras estructuras jurídicas. En esta base están identificados de manera acreditada los titulares reales de más de 3,3 millones de entidades jurídicas, nacionales y extranjeras.
