La gallega AP-9, gestionada por Itínere a través de la filial Avasa, arranca el 18 agosto con los 25 años de ampliación de plazo de explotación otorgados por el Estado a cambio de obras ya ejecutadas de mejora y ampliación de capacidad. La concesión se va hasta el mismo día de agosto de 2048 pese a que la Comisión Europea advirtió, en septiembre de 2021, sobre posibles irregularidades relacionadas con esa extensión. La empresa tiene entre sus posibles escenarios la reversión de la autopista, ante lo que reclamaría una indemnización superior a los 1.000 millones.
La AP-9, de 219 kilómetros entre Ferrol, A Coruña y Tui, fue abierta en la primavera de 1978. Explotada por la sociedad concesionaria Audasa, su deuda alcanza los 1.064 millones, cifra que la compañía cree que debería ser ampliamente superada por el Ministerio de Transportes en el caso de que la Comisión Europea ordenara el final del plazo de concesión o una modificación sustancial de las condiciones del contrato.
La concesionaria no es parte en el procedimiento, pero de perder la gestión de la AP-9 por causas ajenas entraría en juego “el derecho de la sociedad concesionaria a ser debidamente compensada e indemnizada. Indemnización que a juicio de Audasa sería significativamente superior al importe actual de su deuda”, se puede leer en el folleto de la emisión de obligaciones Audasa junio de 2023, por un importe de 193 millones, registrado ante la CNMV. La firma de Itínere reitera, de este modo, un argumento que viene defendiendo desde la entrada de las autoridades comunitarias en este caso. Distintas fuentes consultadas hablan de una próxima resolución de la CE, mientras que Transportes no ha vuelto a mover ficha tras enviar sus argumentos.
Un golpe económico por la autopista gallega se sumaría a la liquidación de las autopistas radiales de Madrid y demás concesiones quebradas durante la crisis financiera, o al contencioso con Abertis por Acesa. En este último, la concesionaria reclama 4.000 millones por obras, descuentos a los conductores y compensaciones por el derrumbe del tráfico durante la crisis financiera, y el Gobierno calcula no más de 1.070 millones.
El primer paso de la Comisión Europea, el 23 de septiembre de 2021, fue el del envío de una carta de emplazamiento al Gobierno de España “para garantizar la correcta aplicación de las normas de la UE en materia de contratación pública y contratos de concesión”. El órgano comunitario se fijó en el notable alargamiento del plazo de explotación de la AP-9 sin que mediara proceso de licitación pública alguno. Desde la CE se demandó información al Gobierno y se anticipó que este país ha podido incumplir “las obligaciones que le incumben en virtud de las normas de contratación pública de la UE”. Desde Transportes se remitió un informe detallado sobre las actuaciones en la infraestructura gallega.
El caso se remonta al año 2000, cuando fue promulgado el Real Decreto 173/2000, de 4 de febrero, por el que se dio luz verde al convenio entre la Administración-General del Estado y Audasa (entonces propiedad de la pública ENA) para la construcción de un tramo de acceso norte a Ferrol. Se trató de la primera de las modificaciones de calado en los términos de la concesión.
Ya en 2011 y 2013 fueron suscritos nuevos convenios con el Estado por los que Audasa debía invertir en la ampliación de la autopista y bonificar a los usuarios en diversos tramos. La compañía obtuvo como compensación una garantía de actualización tarifaria extraordinaria año a año hasta que el saldo de compensación resulte cero euros. Al cierre de 2022 la cuenta suma 339 millones a favor de la concesionaria y están ejecutados las obras de mejora del puente de Rande, sobre la ría de Vigo, o los nuevos carriles en Santiago.
Entre las opciones que se contemplan, la Comisión puede enviar ahora un dictamen motivado acusando al Estado de no haber cumplido con la normativa de contratación y con la petición formal de una solución. En caso de que España se mantuviera en el supuesto incumplimiento, la CE pasaría a la presentación de una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE. Audasa expone ante los inversores que si la justicia europea aprecia que España ha infringido la legislación de la UE, las autoridades deberían tomar las medidas oportunas para ajustarse a la sentencia. Y es en este punto donde Audasa tranquiliza sobre su futuro afirmando que tendría que ser compensada en virtud de la legislación vigente.
Podría suceder que España decidiera no ejecutar la sentencia, en cuyo caso la CE podría abrir un segundo procedimiento de infracción que, previo paso de nuevo por el Tribunal de Justicia de la UE, podría acabar en una multa para el Estado.
