Aldama compareció voluntariamente, acompañado por su abogado el penalista Choclán, ante el magistrado Moreno, para depositar el contenido del sobre que respaldaría los supuestos pagos en efectivo recibidos por los socialistas, de manos del régimen chavista venezolano, a través de la petrolera estatal (PDVSA).
Las mismas fuentes han asegurado, que más allá de los papeles incluidos en el dossier de Aldama, éste tuvo la ocasión de ampliar los hechos de los que tuvo conocimiento, como resultado de sus vínculos con el Ejecutivo, y que serán «esenciales» para que se decreten las actuaciones necesarias para determinar el posible origen de los supuestos ingresos no declarados por Ferraz.
Hasta la fecha, había trascendido que los documentos de PDVSA en poder del empresario se los habría entregado, personalmente, la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez
Cabe recordar que el juez Moreno solicitó al empresario –imputado en varios de los casos abiertos y procesado en la primera de las derivadas de ‘Koldo’, por la compraventa de las mascarillas del Ejecutivo, en pandemia– que le proporcionase el soporte material que respaldaría las afirmaciones vertidas en su última declaración del pasado 29 de enero, (en el marco de la trama de los hidrocarburos que investiga el juez Pedraz), en la que el comisionista lo vinculó con una supuesta financiación ilegal de los socialistas.
En aquella ocasión, Aldama deslizó la existencia de estas evidencias, en respuesta al interrogatorio del fiscal Anticorrupción Pastor. Fue entonces cuando el comisionista indicó que el asunto del famoso «sobre» era algo que tenían que «negociar o hablar directamente» el Ministerio Público. «Es algo de la financiación ilegal del partido, algo que no hemos hablado hasta ahora”. Y fueron esas aseveraciones las que llevaron al juez Pedraz a enviar un duplicado auténtico de la declaración de Aldama al juez Moreno, consciente de que éste mantiene abierta una pieza separada del ‘caso Koldo’ para determinar, a su vez, si el sistema de pagos en metálico contra gastos acreditados dentro del PSOE, pudo servir para eludir los controles oficiales del Tribunal de Cuentas y la Agencia Tributaria (AET). Así las cosas, bajo la sospecha de que existió una ‘caja B’ durante el tiempo en el que tanto el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, como el que fuese su sucesor en el puesto, Santos Cerdán, estuvieron al frente de la Secretaría de Organización del partido de Sánchez, la Audiencia Nacional puso la lupa en dichos abonos.
