Los magistrados consideran que no ha quedado acreditada una situación de «inactividad administrativa» por parte de la Delegación del Gobierno.
La decisión no entra en el fondo del asunto, por lo que el procedimiento judicial sigue abierto. Mientras tanto, la acampada podrá continuar.
La Comunidad de Madrid había pedido el desalojo urgente al considerar que la protesta excede los límites del derecho de reunión y supone una ocupación irregular del espacio público. Además, alertó de posibles daños sobre elementos protegidos del patrimonio, como la Real Casa de Correos y la escultura del Oso y el Madroño.
Sin embargo, el TSJM sostiene que no se cumplen los requisitos legales para apreciar la inactividad de la Delegación del Gobierno, entre otras razones porque no ha transcurrido el plazo previsto por la normativa.
Tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid han defendido que la acampada plantea problemas de seguridad y dificulta la actuación de los servicios de emergencia. El Consistorio también ha advertido del aumento de incidentes y de la presencia de objetos potencialmente peligrosos en la zona.
Por su parte, la Delegación del Gobierno mantiene que su negativa a ordenar el desalojo responde precisamente a criterios de seguridad y gestión del orden público.
