La evaluación de Bruselas pretendía garantizar que la operación no se sustentaba en subsidios de terceros países, según la normativa comunitaria sobre las subvenciones extranjeras. Por tanto, el dictamen de la Comisión Europea es un mero trámite, algo que ya era esperado por ambos bancos.
El pasado 21 de octubre, la Comisión Europea inició su análisis de la operación de BBVA sobre Sabadell. El procedimiento está estructurado de tal manera que la Comisión Europea no da luz verde a la operación como tal, sino que, en caso de haber encontrado alguna irregularidad, abriría una investigación en profundidad sobre la operación. Dado que la Comisión Europea no ha anunciado la apertura de este segundo paso del procedimiento el día del vencimiento del plazo, este martes, supone que la compra ha pasado el escrutinio del Ejecutivo comunitario.
La normativa FSR, de julio de 2023, obliga a notificar con carácter previo a la Comisión Europea las operaciones de concentración con empresas establecidas en la UE y licitaciones públicas de determinada envergadura. Además, otorga a la Comisión Europea la facultad de iniciar investigaciones de oficio sobre subvenciones extracomunitarias potencialmente distorsionadoras. La resolución por parte de Bruselas es un trámite que no supondrá cambio alguno en el proceso de la OPA, según recordó Sabadell en la carta que envió a sus accionistas el pasado 13 de noviembre.
La entidad vasca consigue así un visto bueno más, después de que el Banco Central Europeo confirmara su no oposición a la operación el pasado septiembre, coincidiendo con la valoración del informe que el Banco de España envió a Fráncfort el pasado julio. El grupo ya había recibido también luz verde por parte de las autoridades de competencia de Francia, Portugal y Estados Unidos, tras examinar las implicaciones de la combinación de los negocios de ambos bancos en sus mercados.
Sin embargo, la decisión de Competencia de hace dos semanas de llevar el estudio de la transacción a la Fase II alargó los plazos y entorpeció los planes del banco vasco. El dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prevé la apertura del proceso a la presentación de alegaciones de terceros y, eventualmente, una participación incluso del Gobierno.
El primero en personarse ante Competencia fue el propio Sabadell, menos de 24 horas después de que el organismo presidido por Cani Fernández optara por llevar el escrutinio a la Fase II. Le siguieron algunas patronales comunitarias, como Pimec, Foment del Treball y la Confederación Empresarial de Pontevedra, junto a los sindicatos UGT y CCOO, al considerar que la fusión tendría un claro impacto negativo sobre el acceso al crédito de las empresas, más allá de poner en riesgo hasta 10.500 empleos y el cierre de hasta casi 900 oficinas.
Otro de los argumentos puestos sobre la mesa por parte de las asociaciones que ya se han personado ante Competencia concierne la concentración bancaria en España, que se situaría por encima de la media europea en caso de que la fusión se produjera. Los dos principales bancos, CaixaBank y la nueva entidad resultante BBVA-Banco Sabadell, controlarían el 73,7% de las oficinas bancarias, reduciendo la competencia en el mercado y afectando negativamente a los consumidores con peores precios y servicios financieros, han argumentado.
La CNMC tiene por delante tres meses reglados para escuchar al Sabadell y a terceros que considere «con interés legítimo» y emitir su juicio, aunque el calendario es ampliable cada vez que solicite información o en negociación porque se para el reloj.
