El Ejecutivo comunitario informó en un comunicado del pago, que confirma que España ha obtenido ya más de la mitad de los 69.500 millones de euros en transferencias que tiene asignados hasta ahora del fondo de recuperación. España, así, se mantiene como el socio comunitario que más dinero ha recibido hasta la fecha.
Bruselas aprobó el desembolso el 17 de febrero tras constatar que España había implementado las reformas e inversiones comprometidas para el primer semestre de 2022, en concreto 23 hitos y 6 objetivos; así como subsanado algunas deficiencias que se habían detectado en el sistema de auditoría. Ahora, los Estados miembros han confirmado la luz verde a España y la Comisión ha hecho efectiva la entrega.
Entre los hitos del tercer tramo validados este viernes se encuentran la reforma de la Ley Concursal, la Ley relativa al Sistema Integral de Formación Profesional, la reforma del sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos, la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal u otras reformas para el desarrollo y el impulso de inversiones relacionadas con energías renovables.
El desembolso estaba vinculado asimismo a avances en proyectos de I+D+i en el sector de la automoción, la financiación de proyectos para el fomento de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería, el refuerzo de la lucha contra los incendios forestales o actuaciones para la mejora de la tasa de acceso al ingreso mínimo vital, entre otros hitos y objetivos.
España presentó oficialmente la solicitud de pago el pasado mes de noviembre, tras concluir que ya se habían cumplido los 29 hitos y objetivos asociados al pago. La evaluación satisfactoria de Bruselas supone que el país ha realizado ya, a ojos de la Comisión, 121 de los 416 hitos y objetivos recogidos en el plan.
Además del oxígeno económico, el sí de Bruselas y de los Estados miembros supone la validación comunitaria del sistema informático que ha desarrollado España para analizar y auditar la ejecución de las inversiones, una herramienta recogida en el hito 173 del plan y cuya implementación final se había retrasado. Este asunto, así como la fiscalización de los fondos, fue una de las polémicas que vivió España en los días previos a la misión de eurodiputados que viajó a Madrid para analizar cómo se estaba ejecutando el dinero europeo.
