A pesar de que consideran que la fusión de las dos entidades, tanto a nivel doméstico como transfronterizo, ayudaría a que la eficiencia tanto de estas como de la economía europea mejoraría, Gill no ha querido declarar si las condiciones que estableció el Gobierno de Sánchez afectarían a su viabilidad.
Fue el pasado mes de julio cuando Bruselas determinó que las leyes que se utilizaban para evaluar y condicionar la OPA infringían varias normal comunitarias. Ante esto abrió un procedimiento de infracción contra España , ya que, según ellos, la Ley de Defensa de la Competencia que aplicó el Ejecutivo para imponerles condiciones adicionales, no se empleó de la mejor manera.
La CE considera que no era necesario elevar al Consejo de Ministros la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), además de apuntar que la legislación bancaria española usada para la OPA otorgaba poderes discrecionales y no limitados para decidir sobre las operaciones al Ministerio de Economía. Esto, según el órgano europeo, contraviene la legislación comunitaria, ya que en operaciones como la propuesta por el banco que preside Carlos Torres, el Banco Central Europeo pierde la competencia exclusiva que debería ser de esta institución de la Unión Europea que la cooperación entre los bancos centrales de la zona del euro.
Desde que se emitió el expediente, el Gobierno contaba con dos meses para responder a la carta de emplazamiento de Bruselas. El plazo acabó el pasado 17 de septiembre, aunque el Ejecutivo solicitó una prórroga. La Comisión Europea aceptó aumentando el plazo hasta el próximo miércoles 29 de octubre.
