La Comisión Europea exige que España adapte la Directiva 2014/17/UE, destinada a garantizar un mercado hipotecario competitivo, transparente y con una protección reforzada para los consumidores.
Entre los principales fallos, destaca la insuficiente transposición sobre el acceso a bases de datos de solvencia, lo que dificulta que entidades de otros países puedan operar en España y reduce la competencia. Además, se señalan irregularidades en la supervisión de los intermediarios hipotecarios, ya que la normativa europea prevé que el control recaiga en el país de origen, para facilitar la actividad transfronteriza.
España dispone de dos meses para corregir estas deficiencias. Si no lo hace, la Comisión podría emitir un dictamen motivado y llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE. El objetivo de la Directiva es asegurar que los consumidores estén protegidos y tengan acceso a mejores condiciones, sin barreras injustificadas.
