Es un proyecto que implica el paso del tranvía por territorios ocupados de Cisjordania. La vasca lo va a hacer pese a la petición de varios organismos internacionales de retirarse del proyecto.
La empresa TransJerusalem JNet Ltd., participada al 50% por CAF y la constructora israelí Shapir, fue la que adjudicataria de dicho proyecto con el que se iban a construir 27 km de nuevas vías y hasta 50 estaciones que pasan por asentamiento de Cisjordania. Estas líneas conectan asentamientos israelíes en Jerusalén Este y Cisjordania con Jerusalén Oeste. Las operaciones de ampliación empezaron en 2021 y terminarán, según lo previsto, en 2027. Además, el contrato incluye no solo construcción, sino también operaciones por un periodo de entre 15 y 25 años y mantenimiento por 25 años también.
Diversos organismos internacionales le han pedido al fabricante vasco que se salga del proyecto. “CAF no puede seguir mirando para otro lado, y no cumplir las recomendaciones internacionales. Amnistía Internacional lleva años recordando a la empresa que el tren ligero contribuye al mantenimiento y consolidación de los asentamientos ilegales, a la ocupación ilegal y a la anexión de Jerusalén Este por parte de Israel”, señala Esteban Beltrán, de la organización. Además de Amnistía Internacional, la Relatora Especial de Naciones Unidas para Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha presentado el informe «De la economía de la ocupación a la economía del genocidio». En él, se menciona a CAF como una de las empresas que incentivan la ocupación israelí, ya que el hecho de desarrollar este proyecto refuerza su posición en territorios colonizados. La ONU señala también que, en su base de datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, está una de las empresas implicadas en el proyecto. CAF se mantiene, dice el informe, pese a que otras entidades se retiraron del proyecto.
Desde la empresa ferroviaria ya se han pronunciado al respecto y tienen la intención de seguir en el proyecto. CAF asegura que «cumple con los más altos estándares de responsabilidad, ética empresarial y Derechos Humanos». En este proceso afirman haber consultado con expertos legales y haber pasado por otros organismos que avalan su posición: «Se encuentra asimismo respaldado por la sentencia de la Corte de Apelación de Versalles dictada en relación con la Línea Roja, en la fase previa a su ampliación, que desestimó la vulneración del Derecho Internacional por las empresas participantes en el Proyecto». Por su parte, «los servicios jurídicos de la Administración competente en España confirmaron que el Proyecto se ajustaba a la legalidad internacional».
A los argumentos legales, CAF suma los técnicos y de movilidad, respaldándose en informes independientes que señalan que el tranvía mejora la libertad de movimiento y el acceso a empleos, servicios sanitarios y actividades culturales.
