Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que así lo han solicitado en la vista celebrada este jueves para analizar el recurso presentado por el exministro y en la que las partes han tenido ocasión de exponer sus argumentos. Ábalos recurrió la decisión que tomó el pasado 27 de noviembre el magistrado instructor del ‘caso Koldo’, Leopoldo Puente, de enviarle a prisión provisional sin fianza por riesgo «extremo» de fuga. El exministro de Transportes ha estado representado tanto por su anterior abogado, Carlos Bautista, que renunció a seguir con la defensa por «diferencias contractuales» con el exministro, como por el nuevo, Marino Turiel, puesto que el magistrado instructor ordenó al primero asistir a la vista salvo que pidiera que no se celebrara.
En su recurso, Ábalos acusaba al magistrado de hacer un «uso irrazonable del derecho» por enviarle a la cárcel con una «base de vaguedades y excusas procesales». Su defensa pidió a la Sala de lo Penal que lo pusiera en libertad al descartar que exista riesgo de fuga y sostener que, «ante la ausencia de cualquiera de las finalidades propias de la prisión provisional, resulta inevitable no pensar en que la medida cautelar únicamente tiene como objetivo fomentar una declaración colaborativa al estilo de» la del tercer procesado por las mascarillas, el empresario Víctor de Aldama, «tras su paso por un centro penitenciario».
Y es que, según su abogado, el magistrado instructor minusvaloró la «realidad de los vínculos laborales, familiares y sociales» de Ábalos, incidiendo en que tiene un «hijo menor que está a su cargo los fines de semana» y que el exministro «tiene residencia fija en territorio español, sobradamente conocida por todos».
La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares que encabeza el PP reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.
