Sin embargo, pese a la contundencia del auto, la celebración del juicio no es definitiva. La última palabra la tiene la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá decidir si estima los recursos presentados por la defensa y la Fiscalía, que buscan anular el proceso. Por tanto, el futuro judicial de Gómez depende de esta instancia superior, que hasta ahora ha avalado la mayor parte de la instrucción de Peinado.
Todo parece indicar que «el caso Begoña Gómez, sin ser el más grave de los que cercan a este gobierno, es el que más daño personal hace a Pedro Sánchez». Bustos también ha recordado que «en una democracia nadie está por encima de la ley, y el propio juez Peinado tampoco», ya que su trabajo está supervisado por la Audiencia Provincial de Madrid.
De los cuatro delitos investigados, el de apropiación indebida es el que podría generar más complicaciones para Begoña Gómez, según los penalistas consultados por Bustos. La investigación se centra en si Gómez se apropió de un software valorado en más de 100.000 euros, que fue donado por varias empresas a la Universidad Complutense, con un presunto “afán de lucro”.
La apropiación indebida es el que más problemas le podría suponer» «La apropiación indebida es el que más problemas le podría suponer», indican las fuentes jurídicas, que ven en este punto el flanco más débil de la defensa. También se juzgará si aprovechó su posición para beneficiar en contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés, un asunto que también está siendo investigado por la Fiscalía Europea en una pieza separada.
Si la Audiencia Provincial confirma el juicio, Begoña Gómez se enfrentará a un jurado popular, una escena que Bustos ha calificado de «thriller». Según las estimaciones de Luis María Pardo, presidente de Yustitia Europa, una de las acusaciones populares, el juicio podría celebrarse en la primavera de 2027.
