Así se ha pronunciado en un escrito, presentado el pasado septiembre y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se adhirió al recurso de apelación que presentó la defensa de Gómez contra la decisión del juez Peinado de imputarle un presunto delito de malversación por la designación de Cristina Álvarez como su asesora en Moncloa y las supuestas funciones privadas que ésta realizaría para ella en el marco de sus labores en la Complutense.
«Cuando hablamos repetida e incisivamente de negocios privados de la investigada Begoña Gómez no parecemos ser siempre conscientes, o lo olvidamos, de qué magnitudes estamos hablando», señaló el representante del Ministerio Público.
En este sentido, indicó que de la información económica que hay en la causa sobre los cargos y retribuciones de Gómez en dicha universidad se desprende que Gómez recibió 34.314 euros entre 2012 y 2022. Según precisó, por la cátedra de Transformación Social Competitiva percibió cero euros; por el máster propio del mismo nombre, 13.634 euros; por el máster propio en dirección de ‘fundraising’ público y privado en organizaciones sin ánimo de lucro, 20.653 euros; y por el diploma de formación continua, técnico en ‘fundraising’, 4.883 euros.
«En todo caso, no parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado, ni que la actividad en la UCM pueda calificarse como negocios particulares», añadió, para luego destacar que de la investigación patrimonial realizada a Gómez no se deducen «pagos sospechosos».
Además, la Fiscalía insistió en que consideraba «chocante» que Peinado acordara en agosto imputar por malversación a Gómez y a Álvarez cuando en un principio, al admitir la querella de Vox por malversación, descartó investigar a ambas y dirigió las pesquisas únicamente contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por funciones que habría desarrollado en su antiguo cargo en Secretaría de Presidencia.
En el marco del escrito, el fiscal también aprovechó para denunciar que «más allá de sumar imputaciones y delitos» el juez no había indicado dónde había quedado el delito de corrupción en los negocios, «cuya improcedencia e imposible subsunción» siempre ha defendido el Ministerio Público. «Y toda la temática de la supuesta apropiación del ‘software’ instruida en la pieza principal se ha desvanecido», agregó.
Así las cosas, la Fiscalía recalcó que Begoña Gómez «no se ha apropiado de ningún ‘software'». «Ni existía ánimo de lucro. No ha existido en ningún momento», apuntó.
Respecto al presunto delito de intrusismo que se le atribuye a la esposa de Pedro Sánchez por la firma de un pliego de condiciones técnicas, el fiscal también remarcó que Gómez actuó «a instancia de los propios responsables y gerente de la UCM». «Ni parece un caso de índole penal y no existe elemento doloso por ningún lado, pareciendo a lo sumo una irregularidad administrativa», señaló.
Desde que la Fiscalía presentó su escrito, Peinado ha acumulado la pieza principal –relativa a presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo– y la pieza separada de la malversación en una sola, tal y como le ordenó la Audiencia Provincial de Madrid. El juez instructor también acordó transformar las diligencias para que, en caso de que acabe en juicio, sea juzgado por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal conformado por jueces.
