Esas diligencias -algunas de las cuales ya fueron solicitadas el pasado junio por la acción popular cuando era Vox la que ostentaba su representación, y que ahora se reiteran- ponen el foco en el software de Transformación Social Competitiva que Begoña Gómez desarrolló en el seno de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
En cuanto a la posible apropiación indebida que se investiga por haber registrado Begoña Gómez a su nombre el software financiado con dinero público, Hazte Oír quiere que la Unidad Central Operativa (UCO) examine los correos de cuatro cuentas de la esposa de Pedro Sánchez entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024 vinculados a Barrabés, Google, Indra, Telefónica, Deloitte, Making Science, Reale Seguros y Fundación La Caixa, entre otras entidades, así como todos los relacionados con el Ministerio de Industria y con la asesora de Moncloa, también imputada, Cristina Álvarez, quien se encargaba de asistir a Begoña Gómez en sus actividades privadas.
Ese análisis, según ponen de manifiesto los letrados de Hazte Oír Javier María Pérez-Roldán y Nouna Lozano, debe extenderse también a los correos intercambiados con «cualquier otra persona, entidad o mercantil que patrocinara, financiara o colaborara con la actividad desarrollada para la cátedra».
Dado que Doadrio explicó al juez que intercambió muchos correos tanto con Begoña Gómez como con Cristina Álvarez, quien «siempre iba con ella a la Universidad Complutense» y que «incluso que le indicó que le enviará a ella directamente los e-mails», la acción popular ve una contradicción con lo que sostuvo la asesora de Moncloa en su declaración judicial, cuando afirmó que le hacía algún favor a la esposa de Pedro Sánchez porque son amigas. Al contrario, según la acusación la investigación ha puesto de relieve que «su verdadera función profesional era la de ayudar a Begoña Gómez en sus negocios puramente privados, todo ello a costa del erario público».
Por tanto, argumenta, «resulta claramente legal, necesario, pertinente, útil, conducente, idóneo y proporcional investigar estos correos, siendo evidente que estamos ante diligencias que podrían arrojar luz sobre hechos fundamentales de la causa».En esa misma línea, pide al instructor que reclame a Google los correos electrónicos intercambiados con Begoña Gómez y Cristina Álvarez y que solicite a Deloitte toda la documentación del contrato de asistencia adjudicado por la esposa de Pedro Sánchez para el desarrollo de esa plataforma tecnológica.
Aunque ese software -cuya creación supuso un desembolso de 300.000 euros- debía ser propiedad de la UCM, la universidad no lo registró en el Registro de Propiedad Intelectual. Quien sí lo hizo, como propietaria de la marca «Transforma plataforma de medición de impacto social y medioambiental», fue Begoña Gómez -en la Oficina de Patentes-, ofreciéndolo a empresas en la web www.transformatsc.org.
Esa petición de correos electrónicos alcanza también a los patrocinadores de la cátedra y del software (Google, Indra, Telefónica, Deloitte, Making Science, Devoteam y Flat101), a los que pretende igualmente que el juez pida «las agendas y actas de todas las reuniones que tuvieron» para desarrollar el software así como «el listado de invitados y asistentes a cada una de las reuniones».
Igualmente con el software en el punto de mira, insta a Peinado a llamar como testigos a cuatro personas vinculadas a Deloitte, la consultora a la que la esposa de Pedro Sánchez -investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, entre otros delitos- adjudicó el desarrollo de esa plataforma, unos trabajos que el juez sospecha que no se llegaron a realizar. Además, reitera la petición de que testifique de nuevo el responsable de Relaciones Institucionales de Google, Miguel Escassi, exasesor del Gobierno de Pedro Sánchez, quien según aseguró a Peinado la exdirectora de Google en España, Fuencisla Clemares, era quien gestionó la participación de Google en el desarrollo del software de Begoña Gómez.
El pasado 14 de abril, Escassi aseguró al instructor que la decisión se tomó en el seno de un comité -recuerda la acusación- «sin hacer referencia alguna a su especial posición ni a las personas que constituyeron el mismo», algo que debería concretar «para la debida delimitación de los hechos en el eventual escrito de acusación y para la identificación de los partícipes en la decisión con objeto de poderlos citar en el escrito de acusación» para que comparezcan como testigos en el juicio.La acción popular también quiere que testifique José Antonio Martínez Aguilar, CEO de Making Science, otra de las empresas que se encargaron de desarrollar ese softwate para la medición del impacto social y medioambiental en pequeñas y medianas empresas, uno de los objetivos marcados en rojo en la Agenda 2030.
Making Science, asegura Hazte Oír, es «la entidad clave desde el punto de vista tecnológico para el análisis y la investigación» de esa plataforma (desarrollada, entre otros, por Google, Indra y Telefónica) en la medida en que según varios testigos su función era «unir las diferentes piezas tecnológicas que habían sido desarrolladas». Además, recuerda que como sucede en el caso de Deloitte, Begoña Gómez no estaba facultada para la adjudicación de esos contratos según la Ley de Contratos del Sector Público.
Las acusaciones populares también insisten en que Peinado llame a declarar a David Sanza, corredor de seguros y amigo personal de Pedro Sánchez, quien según el consejero delegado de Reale Seguros Ignacio Mariscal fue quien hizo de intermediario entre Begoña Gómez y la compañía aseguradora para la financiación de su cátedra, contactando con ellos incluso antes de que esa cátedra fuese una realidad.
En ese escrito, la acción popular reitera su petición de una docena de testificales e insiste al juez en que reclame al vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, «los más de cien correos electrónicos» a los que hizo referencia en su declaración del pasado 19 de febrero vinculados con la cátedra extraordinaria de la esposa del presidente del Gobierno.
Entre esos testigos solicitados figura Manuel de la Rocha, director de la Oficina de Asuntos Económicos del Gobierno, quien según el empresario Juan Carlos Barrabés -que participó como profesor en el máster de la esposa de Sánchez y a quien esta avaló por escrito en adjudicaciones públicas- habría asistido a una de las reuniones que mantuvo en Moncloa.
