Según la documentación, el origen está en una queja presentada por el diputado del PSOE y responsable de Justicia en la ejecutiva del PSM Guillermo Hita, que señala a Peinado por una «dejación de deberes» al no haber prorrogado el plazo de instrucción en tiempo y forma pese a que se lo habían pedido con margen las acusaciones populares que ejercen Podemos y Más Madrid.
La causa investigaba un presunto sobreprecio en la contratación de Okdiario para la organización de un acto de la Empresa Municipal de Transportes. El plazo inicial para investigar, que es de un año, vencía en el mes de enero. Antes de llegar al límite, las acusaciones pidieron al juez que prorrogase el plazo seis meses más y acordase una serie de diligencias, pero Peinado no respondió hasta el mes de abril.
En concreto, el día 1 dictó una providencia que acordaba esas diligencias y el día 2, prorrogó la investigación. Las defensas recurrieron y la Sección 30 de la Audiencia Provincial les dio la razón: la decisión del juez había llegado vencido ya el plazo máximo legal para investigar, así que era nula. Unas semanas después, Peinado dio carpetazo al asunto que, como señala la queja del socialista madrileño, quedó así «inconcluso por no haberse acordado la prórroga en el momento que correspondía».
Tras recibir la queja, presentada a través de la unidad de atención ciudadana del Consejo General del Poder Judicial, el promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, resolvió incoar diligencias informativas, que es el trámite habitual cuando se recibe una comunicación de estas características.
Se abre ahora un proceso interno durante el que el magistrado puede rebatir la queja y aportar alegaciones y que se salda con una propuesta del promotor: o incoar un expediente sancionador (que no tiene por qué desembocar necesariamente en sanción) y seguir así con las averiguaciones, o proponer directamente un archivo.
