La esposa del presidente del Gobierno pidió que declarasen después de que el instructor le imputase dos delitos más -apropiación indebida del software de la cátedra extraordinaria e intrusismo profesional por la firma de pliego para el desarrollo del programa-.
Entonces, en un escrito del 24 de noviembre de 2024, su abogado, Camacho, pidió que se citase a una empleada de la gerencia de la Escuela de Gobierno de la Complutense con la intención de aclarar si la mujer de Pedro Sánchez firmó el pliego de prescripciones técnicas «porque la UCM así se lo indicó expresamente».
Gómez está siendo investigada por intrusismo laboral porque suscribió este documento de la contratación pública por parte de la UCM a Deloitte de un servicio de «asesoría técnica y tecnológica» durante el proceso de creación del software, que costó 60.000 euros. Pese a no estar presuntamente capacitada técnica o académicamente para ello, ni ser personal de la universidad
La otra testigo convocada por el juez Peinado este próximo viernes y que ahora Gómez no quiere que acuda es la actual directora de la Escuela de Gobierno de la Complutense. En su momento, solicitó su comparecencia para intentar demostrar que Gómez fue la que «planteó» a la universidad para el máster «la idea del nombre, Transformación Social Competitiva». Esta empleada -según su letrado- «estuvo en el origen del máster» y, por tanto, puede dar cuenta de ello.
La esposa del presidente pretendía utilizar su testimonio para negar que pudiese haber una apropiación indebida de la marca del producto informático en que ella hubiese registrado a su nombre la denominación y el logo de la plataforma. Ahora, la defensa de la pareja del jefe del Ejecutivo alega al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que «dichas diligencias habían sido interesadas por esta parte hace ya un año, y dada la investigación que se ha venido desarrollando en el último año esta parte, renuncia a las declaraciones de los dos testigos por no estimarlas necesarias».
No realiza ninguna objeción, en cambio, a que se tome declaración a otras cuatro funcionarias de la UCM que, de igual forma, acudirán este viernes ante el magistrado. Fue, el pasado octubre, la Audiencia Provincial de Madrid la que obligó al instructor a «resolver sin dilación» sobre la «procedencia» de llamar a declarar a estas funcionarias y a la interventora del centro, dado que nunca resolvió la petición que había hecho la representación letrada de Gómez, señalando esta diligencia como «fundamental para su defensa».
