En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Peinado, explica que señaló «erróneamente el día 28 de febrero (…) siendo el día correcto el 26 de febrero» para interrogar a la trabajadora de Moncloa por su presunta participación en hechos que podrían ser constitutivos de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Fue esta misma semana cuando trascendió la decisión del juez de cambiar la condición de Álvarez de testigo a investigada, así como la orden que dio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de obtener el registro de llamadas telefónicas recibidas y realizadas por la trabajadora de Moncloa, «desde su nombramiento hasta el día de hoy», con números vinculados al empresario imputado Juan Carlos Barrabés y su grupo, a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y a otras entidades.
En concreto, Peinado reclamó el tráfico de llamadas telefónicas con el Instituto de Empresa, el IE-Africa Center, la Organización Mundial del Turismo (OMT), Indra, Google, Telefónica, Reale Seguros, Fundación Caixa, Fundación Manpower y Arsys Internet; así como «con cualquier otra entidad o mercantil que patrocinara los másters o cátedras en las que participó la señora Gómez».
La declaración de Álvarez coincidirá el día 26 con las testificales de las trabajadoras de la UCM María Elvira Gutiérrez-Vierna y Blanca de Juan, y de los CEO de Google Spain, Indra y Telefónica.
Peinado dio este paso después de que Álvarez declarara como testigo el pasado 20 de diciembre. Ese día confirmó que envió varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Gómez, explicando que se la nombró para ayudar a la esposa del presidente del Gobierno con temas tanto oficiales como privados.
Según el sumario de la causa, en uno de los correos electrónicos en los que se menciona a Álvarez, María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero –miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM– se dirigen a ella para proporcionarle información sobre cómo registrar el dominio de la página web de un máster de la Complutense. «Estimada Cristina, tal como hemos acordado hace un momento, te adjuntamos un modelo de ‘contrato de cesión de derechos’ a la UCM, para que la titularidad de esta obra sea 100 % UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM que sí tienen dicha vinculación», apuntaban Morillo y Vaquero a Álvarez el 6 de octubre de 2022.
Dicho correo fue enviado también a la propia Begoña Gómez y a Blanca de Juan, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva. En el ‘email’, además, consta un mensaje previo en el que se adjunta un formulario interno que debían cumplimentar para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.
