El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid pide, paralelamente, a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que confirme el operador al que corresponde el número de teléfono de la asesora. A fin de que, seguidamente, los agentes rastreen su registro de llamadas para dilucidar si mantuvo comunicaciones telefónicas desde que está en Moncloa con personas del Instituto de Empresa -donde la esposa de Sánchez dirigía el Africa Center-, la Organización Mundial del Turismo, y las empresas patrocinadores del software de la cátedra de Gómez, que fueron Indra, Google y Telefónica, así como las financiadoras de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), como son Reale y fundación La Caixa.
Además de Arsys, que era la compañía tecnológica que dio el dominio a la web en que Gómez ofrecía el programa informático que le valió a la mujer de Sánchez dos imputaciones más, por apropiación indebida e intrusismo profesional, y Manpower, que participó en la fase final de desarrollo del programa.
Álvarez ejerce oficialmente de directora de programas de la secretaría general del Ministerio de Presidencia y, como se vio en los correos que figuran en el sumario del caso, hacía gestiones de carácter privado para Begoña Gómez en relación a su actividad profesional.
Esta asesora gestionó con la UCM en nombre de la mujer del jefe del Ejecutivo la inscripción a su nombre en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual del software desarrolló en el seno de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía y la firma de un pliego para una contratación pública de este centro público universitario madrileño relacionada con la creación de este programa informático.
