Este movimiento surge a raíz de que el sindicato Manos Limpias haya presentado una denuncia en base a las publicaciones de El Debate en las que se desvela que el músico vivió oculto en el Palacio de La Moncloa tras mudar su residencia fiscal al país vecino.
La denuncia fue registrada el pasado 22 de septiembre. Al día siguiente, el expediente recayó en la Dependencia de Inspección, que es el órgano encargado de decidir si inicia una comprobación, tal y como solicitan los denunciantes. Esta delegación de la Agencia Tributaria está dirigida por Rafael Mancho, subordinado de Jesús Gascón, secretario de Estado de Hacienda, que a su vez está bajo las órdenes de la ministra Montero. El recorrido de la denuncia ya ha comenzado. Hacienda tiene constancia de ella, está dentro de los cauces administrativos y ahora la clave es si recibe luz verde para transformarse en una investigación formal.
Cuando se registra una denuncia de este tipo, la Agencia Tributaria analiza los hechos relatados y los indicios aportados. Si existen fundamentos suficientes, la Dependencia de Inspección puede iniciar una comprobación interna o, en casos más graves, trasladar el expediente a la Fiscalía para que se abra un procedimiento penal. En este caso, la decisión no es menor, ya que lo que se investiga es si el hermano del presidente del Gobierno defraudó a Hacienda al simular que residía en Portugal cuando en realidad seguía viviendo en España y concretamente a pocos metros del edificio donde se celebra el Consejo de Ministros.
La denuncia de Manos Limpias se apoya en una batería de informaciones periodísticas develadas por El Debate. En primer lugar, el hecho de que el hermano de Sánchez y su esposa, la japonesa Kaori Matsumoto, residieran durante meses en el complejo de La Moncloa mientras el músico figuraba como residente en el país vecino. En segundo lugar, que Matsumoto utilizó un vehículo medicalizado de Presidencia reservado para el presidente del Gobierno para acudir a revisiones ginecológicas durante su embarazo. Y en tercer lugar, que el hermano de Sánchez mantuvo durante dos años una autocaravana estacionada en los aparcamientos del recinto presidencial, un privilegio reservado para funcionarios. Estos hechos, según sostiene la denuncia, desmienten que su residencia real estuviera en Portugal y apuntan a un fraude a la Hacienda Pública española.
El escrito recuerda que David Sánchez ya está procesado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz por prevaricación y tráfico de influencias. Sin embargo, aún no se le ha imputado todavía fraude fiscal. En un primer momento logró evitarlo presentando documentación que acreditaba falsamente que residía en Elvas, al otro lado de la frontera luso-extremeña. Compró un palacete en ruinas, pagado al contado mediante dos cheques bancarios, para sostener el relato de que había mudado su residencia. Dos años después, la vivienda sigue vacía y sin habitar, lo que refuerza la tesis de que se trataba de una residencia fiscal ficticia.
