«No ha lugar la personación de la Abogacía del Estado en representación de las sociedades Ineco y Tragsatec», tal y como el Gobierno solicitaba al Supremo en el marco del denominado ‘caso mascarillas’, que arrancará el próximo día 7 de abril en la sede del Alto Tribunal, contra el ex ministro de Transportes Ábalos, su ex asesor Koldo García Izaguirre y el empresario de Aldama.
La Sala Segunda del Alto Tribunal ha descartado que los letrados públicos intervengan en defensa de los intereses de sendas entidades públicas, por la contratación irregular de varias amigas y ex amantes de Ábalos que, como Jessica Rodríguez, fueron incorporadas a la plantilla laboral, a cambio de un sueldo público que percibieron sin haber ido a trabajar.
Así las cosas, en la diligencia de ordenación emitida por el TS, se rechaza la pretensión con la que el Ejecutivo Sánchez aspiraba a intervenir en el procedimiento, para salvar la actuación tanto de Ineco como de Tragsatec. Esta última, además, implicada de nuevo en otro escándalo de corrupción que salpica al socialismo: el ‘caso Forestalia’, relativo a una nueva entrega de comisiones ilegales a cambio de concesiones de licencias administrativas, con informes medioambientales amañados, para la explotación de parques eólicos y fotovoltaicos en Aragón.
Pese a que la Fiscalía Anticorrupción, instó al Supremo para que ofreciese acciones a la Abogacía del Estado, en el marco del juicio que está a punto de comenzar, finalmente la presencia de la Institución, escenario al que se opusieron la mayoría de las partes, no será posible. Una decisión que los letrados ya han anunciado que será recurrida. No es menos cierto que los servicios jurídicos públicos presentaron un escrito para personarse en nombre de ambas entidades como «perjudicadas», con el objetivo de poder reclamar, a futuro, los salarios que se abonaron a Rodríguez y otras ‘sobrinas’ de Ábalos incorporadas a puestos ad hoc en las mismas, sin que dichas mujeres acudieran ni un sólo día a trabajar.
