Según su testimonio, inicialmente se buscaba promover querellas o denuncias contra ella y, posteriormente, «quitarla de en medio». Biedma aseguró además que durante la instrucción del caso percibió indicios de seguimiento, al relatar episodios en los que terceras personas le comentaban visitas o preguntas sobre ella por parte de supuestos conocidos inexistentes.
La magistrada explicó que recibió las primeras informaciones a comienzos de 2025 por parte de un abogado vinculado al entorno de Cintia Rocho, líder del clan. Sin embargo, fue meses después, tras conocerse informaciones periodísticas sobre presuntos contactos entre miembros de la trama y el grupo criminal, cuando pidió confirmación a sus abogados, quienes ratificaron esos acercamientos.
Otro letrado relacionado con la organización, Juan José Collado, también le trasladó información sobre reuniones en las que habría participado Sáenz de Tejada. Según declaró Biedma, este abogado le aseguró haber visto imágenes de vigilancia en las que aparecía la jueza y miembros de su familia.
Por su parte, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha recogido el testimonio de Cintia Rocho, quien afirmó que el exmagistrado llegó a plantear la necesidad de «eliminar» a la jueza. La UCO sostiene que existen indicios de intentos para influir en el procedimiento judicial relacionado con el hermano de Pedro Sánchez, aunque algunos de los investigados han negado haber participado en amenazas o planes de agresión.
Las pesquisas examinan además reuniones, anotaciones y comunicaciones entre distintos implicados para determinar si existió una estrategia coordinada para desacreditar o interferir en la causa judicial.
