Se trataría de presentar, en primer lugar, un incidente de nulidad ante el propio Supremo, para lo que tienen un plazo de 20 días
La sentencia, de 233 páginas, está siendo analizada en detalle para fundamentar el escrito. La petición de nulidad se apoyará en el voto particular de las magistradas Susana Polo y Carmen Lamela que consideraron que no hay pruebas “suficientes para llegar a un juicio de culpabilidad, sin dudas razonables”
Al margen de esa vía, el exfiscal general podría presentar recurso de amparo al Tribunal Constitucional si considera que durante el proceso se vulneraron sus derechos fundamentales. Tampoco es habitual que el Constitucional revoque una sentencia del Supremo, pero en los últimos tiempos hay ejemplos como la anulación de las condenas ratificadas por el TS a varios condenados por el fraude de los ERE, entre ellos los expresidentes socialistas de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves. De no lograr su objetivo, García Ortiz también podría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, para pedirle que verifique si las autoridades españolas han velado adecuadamente por los derechos y libertades.
