En el escrito presentado por Sánchez Conde, pide a la Sala Penal que anule las costas y advierte que la cifra reclamada por González Amador, “no se puede justificar, ni siquiera ante el Tribunal Supremo”, teniendo en cuenta que la indemnización impuesta a García Ortiz es de 10.000 euros. Sánchez Conde, como ya hiciera la Abogacía de Estado, reclama también a la Sala Penal que aparte al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) del cálculo de las costas, ya que formó parte del proceso al ex fiscal general como acusación popular.
El pago de las costas que el Supremo impuso a García Ortiz es el único elemento pendiente de ejecución de la condena del Supremo a García Ortiz por la filtración de un correo vinculado a González Amador y la difusión de una nota informativa con la que el ministerio público desmontó la versión falsa que estaba lanzando el entorno de la presidenta madrileña sobre las negociaciones de la Fiscalía con el abogado de su pareja. La pena principal, la inhabilitación para el cargo de fiscal general, quedó ejecutada con la dimisión de García Ortiz, días después de que se conociera la condena, mientras que la multa (7.200 euros) y la indemnización (10.000) fueron abonadas íntegramente por la Unión Progresista de Fiscales (UPF) gracias a donaciones recabadas entre sus asociados.
