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  Legal  AIR EUROPA y SEPI: un juez acuerda investigar el rescate
Legal

AIR EUROPA y SEPI: un juez acuerda investigar el rescate

El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha acordado investigar por primera vez el rescate público de Air Europa y ha puesto el foco en Bartolomé Lora, 'dos' de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

RedaccionRedaccion—10 de abril de 20260
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El titular del juzgado ha admitido a trámite una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias y dirige la investigación por un presunto delito de prevaricación en relación con la concesión de 475 millones de euros a la aerolínea en noviembre de 2020. La decisión judicial supone el primer paso para analizar si la ayuda aprobada por el Gobierno a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas se ajustó a los requisitos legales que regulaban este mecanismo. La denuncia que ahora investiga el juez pivota sobre la situación de Air Europa frente a la Agencia Tributaria en el momento en que se aprobó el rescate.

Según sostenía el escrito presentado por Manos Limpias, y tal y como publicó este periódico en su día, las empresas beneficiarias de este fondo debían cumplir una serie de condiciones básicas, entre ellas estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Este requisito no era accesorio sino una condición de acceso al propio instrumento de financiación pública. La normativa establecía de forma expresa que las compañías con deudas con Hacienda no podían ser consideradas elegibles. La denuncia señalaba que Air Europa mantenía en esas fechas compromisos pendientes con la Agencia Tributaria, lo que, de confirmarse, habría supuesto una causa de exclusión automática para recibir la ayuda. Pese a ello, la operación siguió adelante y fue aprobada por el Consejo de Ministros con una inyección total de 475 millones de euros, articulada mediante un préstamo participativo y otro ordinario.
El núcleo de la investigación se centra ahora en determinar si los responsables que intervinieron en la tramitación del rescate, y en particular la cúpula técnica de la SEPI, adoptaron una decisión contraria a derecho a sabiendas. El delito de prevaricación, que el juez sitúa como objeto de la causa, implica dictar una resolución arbitraria en el ejercicio de la función pública, con conocimiento de su injusticia.

En términos prácticos, la investigación deberá aclarar si la existencia de posibles deudas con Hacienda fue conocida, analizada o, por el contrario, ignorada durante el proceso de evaluación de la ayuda. También si se aplicaron correctamente los criterios de elegibilidad o si se forzó su interpretación para permitir la entrada de Air Europa en el fondo.

 

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