Asimismo, esta acusación pide que la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, sea condenada como cooperadora necesaria de los mismos delitos. Para Rodríguez, la APIF reclama cuatro años de prisión y otros 12 años de inhabilitación.
Por su parte, la pareja de Ayuso, el empresario González Amador, ha presentado este jueves su escrito de acusación donde solicita para García Ortiz, como autor de un delito de revelación de secretos, las penas de cuatro años de prisión, multa de 18 meses con una cuota diaria de 200 euros y suspensión de empleo por un tiempo de tres años, así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado.
Para Pilar Rodríguez , la defensa de González Amador pide penas de tres años de prisión, multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros y suspensión de empleo por dos años, así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal provincial de Madrid. En su escrito de acusación, González Amador califica de «continuo» e «incesante» el daño en su intimidad, protección de datos, presunción de inocencia, derecho de defensa y honor. Afirma que se le han «generado daños irreparables» como «fruto» y «resultado» de la «actividad delictiva desplegada por la máxima autoridad del Ministerio Fiscal del Estado con la esencial colaboración de la máxima autoridad provincial de Madrid del Ministerio Fiscal».
«Nadie duda de que de haber mantenido Alberto González Amador una relación sentimental con cualquier otra persona o no haber mantenido ninguna, jamás se habrían producido las conductas de los investigados operadas entre el 7 y el 14 de marzo de 2024 ni los hechos delictivos que nos ocupan, ni habría padecido las consecuencias de esas delictivas conductas de los investigados por ser la pareja sen5mental de la Presidenta de la Comunidad de Madrid», sostiene la acusación particular en referencia a cómo se referían al empresario en todas sus comunicaciones el autodenominado «equipo Fortuny» que lideró García Ortiz.
Entre la petición de testigos, la pareja de Ayuso pide que se cite al ex secretario del PSM, Juan Lobato, o a la ex alto cargo de Moncloa, Pilar Sánchez Acera.
Esta acusación sostiene que la filtración presuntamente llevada a cabo por García Ortiz con la ayuda imprescindible de Rodríguez «afectó notablemente a la reputación de Alberto González Amador, ya que, a raíz de la divulgación de dicha información, en determinados medios y ámbitos se le llamó defraudador o delincuente confeso, cuando todavía no había recaído ninguna sentencia condenatoria que así lo estableciera».
Además, añade que «por causas absolutamente alegales, se le despojó de su derecho a un proceso con todas las garantías. La conformidad que, de forma legítima, pretendía tramitar de un modo confidencial, se hizo pública injustificadamente, con la merma que eso supone para su derecho de defensa».
Por último, la APIF destaca que la actuación de García Ortiz y Rodríguez «ha cuestionado notablemente el prestigio del Ministerio Fiscal como institución. Según su Estatuto, la Fiscalía tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley. Además, su actuar debe ajustarse a los principios de legalidad e imparcialidad. Haciendo caso omiso de lo anterior, Álvaro García Ortiz y María Pilar Rodríguez Fernández se prevalieron de su condición de fiscales de máxima autoridad para perseguir objetivos puramente privados y políticos. En concreto, utilizaron los mecanismos que tenían a su disposición para conseguir irregularmente y revelar ilícitamente datos confidenciales de un particular anónimo con la única meta de ganar un relato. Es evidente que un actuar semejante ha degradado de forma absoluta la percepción social de la Fiscalía como organismo constitucional».
