En un informe hasta ahora inédito la Dirección General Adjunta del Servicio Jurídico del regulador bursátil analiza las implicaciones de la conducta de Gotham y la ofensiva bajista de GIP. El documento bebe del reporte elaborado por el Departamento de Mercados Secundarios, fuertemente discutido por los acusados durante toda la causa.
En sus conclusiones, la CNMV sostiene que los acusados habrían cometido una infección muy grave la incumplir el artículo 15 del Reglamento Europeo 596/2014, que actúa contra la manipulación de mercado -«Ninguna persona manipulará o intentará manipular el mercado»-. Según sus tesis, esto colisiona con el informe bajista, que eliminó 2.505 millones de capitalización de Grifols y la posición corta de GIP, que ascendía al 0,57% del capital de la farmacéutica -intermediada por Goldman Sachs y UBS- y que le provocaron un beneficio de 16,68 millones de euros al liquidarse.
Al calificarse de muy grave, el regulador sostiene que la multa para las personas jurídicas (Gotham y GIP), la multa ascenderá a la mayor de estas dos cantidades: o 30 millones de euros o el 30% del volumen de negocio de las últimas cuentas anuales.
Pero más allá de apuntar a ambas compañías, el servicio jurídico de la CNMV hace una valoración de las eventuales responsabilidades penales en las que podrían haber incurrido tanto Daniel Yu como Cyrus de Weck. Para ello tiene en cuenta el artículo 284 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, referida también a posibles manipulaciones de mercado. Así, el regulador señala en su informe que las penas de prisión serían de seis meses a seis años y la inhabilitación de entre dos y cinco años para intervenir en los mercados financieros.
El texto se les aplicaría, pues a su juicio las informaciones hechas públicas son engañosas, los datos económicos serían total o parcialmente falsos con el fin de alterar la cotización y tuvieran el fin de obtener un beneficio superior a 250.000 euros con una inversión superior a los 2 millones de euros.
Así, en sus conclusiones el organismo remarca que «existe una clara apariencia de la posible subsunción de los hechos en el tipo penal citado», sin entrar en el análisis al detalle. «Se considera que los hechos podrían suponer la comisión de un ilícito penal, por lo que procedería dar traslado del informe al Ministerio Fiscal», añade. El regulador remitió sus tesis a la Fiscalía, que las usó de base para la presentación de la denuncia por parte de la Fiscalía Anticorrupción que se aloja actualmente en la Audiencia Nacional. Más allá de esperar la resolución penal, la CNMV recuerda que tiene la potestad de iniciar un expediente administrativo sancionador de manera simultánea al de la Fiscalía. «Nada impide que, con independencia de que los hechos pudieran ser calificados como delito […] la CNMV ejercite inmediatamente la potestad sancionadora que legalmente tiene atribuida», remata.
El organismo destaca también que los investigados habrían cometido una infracción leve al no presentar «de manera objetiva» la información sin comunicar sus intereses exactos –Gotham sí dijo que había abierto una posición corta en Grifols con GIP- y no haber respetado los requisitos marcados en el artículo 20 de la citada ley. En este caso, eso sí, el regulador sostiene que se trata de una negligencia. La multa establecida sería en este caso de hasta 30.000 euros.
A pesar del informe, Gotham defendió su proceder. Lo hizo Daniel Yu la pasada semana y lo han hecho sus abogados durante el proceso. En su defensa, sostienen que el Departamento de Información Financiera y Corporativa de la CNMV llegó a «conclusiones diametralmente opuestas» a las de la Dirección de Mercados Secundarios. En su intervención, el inversor bajista añadió que no discutía la legalidad contable de la consolidación de BPC y Haema a pesar de tener el 0% del capital –algo que Grifols defiende que está aceptado en la normativa contable-. Denunció la falta de explicación y la doble consolidación, al hacerlo también su accionista Scranton Enterprises, el propietario de los centros de plasma en cuestión.
El fiscal incidió también en la aseveración de que Grifols podía llegar a valer cero. Yu sostuvo que, en su experiencia, muchas empresas pagan más cara la deuda cuanto mayor es su endeudamiento. Por lo tanto, si el grado de apalancamiento sube –elevaban la relación con el ebitda hasta las 13,2 veces- la empresa terminaría siendo propiedad de los acreedores. Asimismo, defendió su manera de calcular el endeudamiento al rehacer el ebitda según sus propios criterios. Por todo ello, Yu reiteró que, a su juicio, la cotizada catalana ocultó información en sus estados financieros.
Yu defendió también la posición bajista en la farmacéutica construida de la mano del informe. Tras la publicación de su análisis, consideraron que las acciones eran inestables y podían haberse visto forzados a deshacer su posición. Por ello, la cerraron una vez el precio se situó dentro de un rango en el que se sintieron cómodos, pero lejos del cero que habían llegado a advertir, el mismo día de la publicación del reporte.
