El político, que entró en la sala a las 10:09, ha optado finalmente por guardar silencio tras renunciar a su abogado, el penalista Aníbal Álvarez, que le había defendido desde el inicio del caso. En la vistilla posterior, el fiscal no ha solicitado su ingreso en prisión provisional, aunque el PP, cuya dirección letrada representa a todas las acusaciones populares, sí lo ha pedido.
Esta decisión supone un cambio en su estrategia de defensa, puesto que en las tres ocasiones previas ante el alto tribunal sí declaró. Sí se mantendrán las medidas cautelares fijadas hasta el momento: prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial cada dos semanas.
El juez no ha observado riesgo de fuga o de destrucción de pruebas y mantiene las medidas cautelares de prohibición de salir del país y comparecencias quincenales. De esta manera, el magistrado sigue el criterio del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, que no solicitó prisión provisional para él al considerar que no han cambiado las circunstancias desde que el pasado mes de junio se le impusieron comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y la prohibición de su salida del territorio nacional.
A su entender, no hay elementos que hagan pensar en un aumento del riesgo de fuga ni de reiteración delictiva, por lo que defendió el mantenimiento de las cautelares actualmente en vigor.
Eso sí, el juez llama a reflexionar sobre el «natural estupor» de que pueda seguir siendo diputado cuando los «indicios de graves delitos son tan consistentes».
Ábalos, que se ha presentado con bastante antelación en el Supremo, ha dicho al juez Leopoldo Puente que se encuentra en «situación de indefensión», y que por ello ha considerado que lo más pertinente es guardar silencio. Cuando ha intentado explicar por qué, el magistrado le ha espetado: «Esto no es el Congreso», y le preguntó si iba a declarar o no.
Según fuentes jurídicas, también su abogado, José Aníbal Álvarez, intervino para advertir al magistrado de que esta declaración podría resultar nula, ya que el investigado había renunciado a su defensa.
