Según Aldama, el exministro abonó parte del precio —20.000 euros— en efectivo. Así consta el escrito, al que ha tenido acceso El Independiente. La defensa del empresario solicita que se tenga por aportado un nuevo contrato de compraventa de un local en en Valencia. Dicho contrato, fechado el 4 de abril de 2020, sería una versión modificada del original del 23 de marzo y reflejaría un precio de venta de 90.000 euros, en lugar de los 110.000 que constaban en la versión inicial hallada en un ordenador intervenido al propio Aldama.
Asimismo, Aldama explica que esa diferencia de 20.000 euros se debe a que el contrato original se enmendó días después «para modificar a la baja el precio de compraventa», desde los 110.000 hasta los 90.000 euros que finalmente se reflejaron en la escritura pública. Según la UCO, Ábalos y Perles abonaron dos cheques bancarios por un total de 77.215 euros a la empresa Metalúrgica Cerrajera del Mediterráneo S.L. y obtuvieron un préstamo de 50.000 euros vinculado a la adquisición del inmueble.
La Guardia Civil había apuntado en su informe que los cheques se corresponderían con el pago de parte de los 90.000 euros, sin localizar movimientos bancarios que justificaran los 20.000 euros restantes. Esa circunstancia llevó a los investigadores a sospechar que parte del pago podría haberse realizado en efectivo. En este nuevo escrito, Aldama adjunta además el correo electrónico con el que su empleada, Piedad Losada, le remitió la versión modificada del contrato el 4 de abril de 2020. «Jefe. Ahí está el contrato. He cambiado otra cosa respecto al original. Si quieres te cuento cuando lo leas», dice el mensaje, al que se adjuntaba el documento con el precio ya reducido.
La defensa del empresario sostiene que estos documentos acreditan la participación de su representado y de personal a su cargo en la elaboración de distintas versiones del contrato, pese a que Aldama «no intervenía formalmente» en la operación inmobiliaria. Según el escrito, la modificación «no tuvo otra finalidad que adaptar el texto a la cantidad por la que se otorgaría la escritura pública de compraventa» y «no dejar constancia de pagos realizados en efectivo al vendedor, siendo el precio real notoriamente superior».
