El secretario de Estado de Empleo, Pérez Rey, ha advertido de que, aunque se estudiarán las «interesantes» aportaciones del Consejo de Estado para adoptar los cambios necesarios, en ningún caso se va a «desnaturalizar» la norma. En este sentido, ha rechazado ampliar a un año el plazo para las empresas, como propone el vicepresidente primero y ministro de Economía,Cuerpo. El texto propuesto ya recoge «flexibilidad» y da un margen de adaptación a las empresas más que suficiente.
El borrador de real decreto que discute en estos momentos el Ejecutivo plantea que la norma entre en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE, pero su aplicación en lo que se refiere a la digitalización del registro depende de la aprobación de las órdenes ministeriales de desarrollo. Una vez presentadas, las empresas tendrán un plazo de seis meses para cumplirlas.
Durante la rueda de prensa de presentación de los datos de paro y afiliación del mes de marzo, el número dos de Díaz ha evitado criticar al Consejo de Estado, cuyo análisis de la norma ha calificado de «interesante», pero ha remarcado que sus consideraciones no son «vinculantes». En este sentido, los cambios no alterarán el núcleo de la norma. El plan del Ministerio de Trabajo es que la norma llegue al Consejo de Ministros en las «próximas semanas» y ha defendido su necesidad porque la regulación anterior del registro de jornada, de 2019, no está funcionando. «La jornada no se cumple», ha asegurado, y ha añadido que «una norma que no sirve es el peor de los elementos para dar una falsa sensación de protección».
Asimismo, ha insistido en que en la época de los «algoritmos y la inteligencia artificial» no se puede pretender que las anotaciones de horarios «se sigan haciendo en papel» sea algo «carpetovetónico». Sin embargo, pese a sus críticas al anterior sistema, ha defendido que la existencia de este sistema previo facilitará la implantación del nuevo registro.
